La semana
pasada se hizo publico un informe de la Auditoria General de la Nación (ver aquí) sobre el Programa de vivienda Sueños Compartidos,
ejecutado por la fundación Madres de Plaza de Mayo y financiado por el Gobierno
Nacional.
El
informe sobre el buque insignia del Gobierno Nacional en materia de
vivienda social denunció que se ha construido viviendas por debajo de la cota
inundable, que se ejecutaron fundaciones contrarias a las recomendaciones de
los estudios de suelo, que el 75% de las obras se construyó con sobrecostos,
que “se utilizaron copias de los mismos planos generales, de replanteo, de instalaciones
y de detalle para cada tipología de vivienda unifamiliar y edificio
multifamiliar y se las dotó del mismo equipamiento sin tener en cuenta la
pertenencia cultural de los adjudicatarios ni la implantación geográfica de los
conjuntos”, falta de elementos de seguridad, incumplimiento de las condiciones
de trabajo en obra y de la normativa de seguridad e higiene, y permanentes
incumplimientos compatibles con la rescisión del contrato (art 50, ley 13.064)
que tuvieron la vista gorda de quienes debían verificar su avance.
Dentro del
flujo de fondos se detectaron “retornos” pagados por la constructora a los
funcionarios encargados de controlar y certificar las obras que ejecutaba (ver nota). ¿quién controlaba y certificaba? “La
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (SSDUV) y el
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convinieron que el
IVC asumiría la responsabilidad de controlar y medir el avance de obra”. ¿Quién
era el titular del IVC? El Consejero Directivo por FADU Plural Claudio Freidín.
El mismo que aparece cobrando $180.000 en cheques de la
Fundación Madres [2].
ESTATUTO DE
LOS "RETORNOS"
Recibir de
parte de un contratista a quien se debe controlar un “retorno” es un delito, y
debe llevar, además, una actuación de oficio por tratarse de una falta al
Codigo de Etica del Consejo Profesional: “art 2.3.1.2. No aceptar en su propio
beneficio comisiones, descuentos, bonificaciones… ofrecidas por contratistas
y/o por otras personas directamente interesadas en la ejecución de los trabajos
que el profesional proyecte o dirija”.
Los $180.000
en "retornos" que según la AGN cobró el consejero de FADU Plural
Claudio Freidín son, además de un delito y una falta al código de ética, una
expoliación a las familias trabajadoras de la Ciudad, puesto se trata de fondos
destinados a la construcción de viviendas de carácter “social” que, como dice
el propio Freidín en sus informes sobre pobreza urbana, afecta a medio millón
de personas en la CABA (ver informe Freidín).
OTROS
ANTECEDENTES
Ya en 2006
trabajadorxs desocupadxs del Polo Obrero denunciaron que los planes
asistenciales eran un taparrabos para su condición de contratados precarizados
para el Gobierno de la Ciudad, donde se les exigía como prestación laboral a
los planes de asistencia social su formación en una sistema constructivo cuya patente
tenía la fundación madres de plaza de mayo: "Cassaforma". Madres
ofertaba obras baratas, porque el mayor costo del sistema, que era formar el
personal especializado, era asumido por el Gobierno de la Ciudad explotando a
los trabajadores que precarizaba pagando planes asistenciales en vez de
salarios de convenio.
CONVENIOS EN
FADU: SUBCONTRATACIÓN Y TERCERIZACIÓN LABORAL
Las gestiones
de FADU Plural y REFORMA han silenciado a la FADU en asuntos de vivienda social
y cualquier política arquitectónica o urbanística que afecte al común de la
población trabajadora, para beneplácito de los intereses de los desarrolladores
inmobiliarios (lo que no sorprende a nadie cuando los padrinos PRO y
Kirchneristas de los integrantes de FADU Plural acuerdan en la Legislatura CABA
la política urbanística) pero subterráneamente han proliferado decenas de
convenios con que la colocaron como socia necesaria de la precarización y
fraude laboral.
El caso de la
ex-ESMA es un claro exponente del proceso de cooptación de organismo de
derechos humanos y la política de precarizacón laboral: para ejecutar obras
impugnadas por los organismos de DDHH que mantienen su independencia política y
economica del gobierno kirchnerista (ver declaración AEDD), se firmó un convenio que no está
publicado, bajo el cual FADU aporta profesionales que encomiendan tareas a
trabajadores de la construcción a quienes el estado no les paga un salario de
convenio, sino oculta la relación laboral también bajo planes asistenciales con
los que pagan a lxs trabajadorxs una cuarta parte del salario de convenio.
DEBATAMOS EN
FADU LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA
Proponemos
formar una comisión investigadora mixta, convocando estudiantes y docentes de
la FADU que debatan esta situación.
Sobre la
resolución del comité de ética sobre el caso del consejero de FADU Plural
convocar al CPAU a un informe conjunto sobre los "retornos" y la ética
profesional.
Que las
cátedras de patologías de la construcción analicen las viviendas de las
familias trabajadoras construidas por la fundación como parte de la
cursada.
Que se
interpele al consejero de Fadu Plural Claudio Freidín.
Publicación
de todos los convenios FADU. No al fraude laboral y paralelización de los
salarios de convenio que cobran estudiantes, docentes, graduados y trabajadores
que forman parte de ellos.
Financiamiento
único de la universidad Pública por parte del estado, incluyendo el salario
para lxs docentes ad honorem y precarizados y tercerizados como monotributistas
de grado y posgrado.
AGRUPACIÓN
NARANJA DE DOCENTES en AGD UBA
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