El presupuesto nacional, presentado por Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay y Esteban Bullrich, responde a la orientación social que intentan llevar adelante: una reorganización de las relaciones políticas y económicas entre el conjunto de las clases y la sociedad. Para hacer esta tarea, el Gobierno tendrá que ir a choques decisivos e imponerse sobre el movimiento obrero y popular. Por ello ha adoptado la táctica del gradualismo o, según relato oficial, el camino del ensayo y error.
El tarifazo ilustra el punto. El gobierno ha garantizado a las petroleras un precio que llega hasta triplicar el internacional en el caso del gas, en boca de pozo, al tiempo que tuvo que rebaja del 1300% inicial al 203% el del gas domiciliario para los residentes patagónicos. Sin embargo, ya adelantó que este tarifazo seguirá aplicándose hasta 2019, al final de su mandato, a una tasa del 33% anual en dólares.
Dolarizar las tarifas es una política de Estado, que llevan adelante Macri y Aranguren bajo el impulso de las petroleras, con el respaldo de todos los gobernadores de las provincias productoras y la cobertura de las burocracias sindicales que extorsionan a los trabajadores del petróleo -y a la población vinculada con ellos- con el despido y el cierre de sus fuentes de trabajo.
Ya está demasiado expuesto que los brutales incrementos de las tarifas producidos y a producirse van a parar al bolsillo ya engordado durante la “década ganada” por los pulpos petroleros y energéticos. Alguno podrá preguntarse qué tiene que ver esto con el análisis del presupuesto. Muy simple. En el presupuesto figuran explícitamente los subsidios a las empresas privadas como una línea del gasto que alcanza la friolera de 127 mil millones de pesos.
Pero la parte del león la lleva el capital financiero. El apetito de los bancos no se ha saciado con el incremento de su tasa de beneficio del 50% durante el año 2016. La voracidad de los acreedores internacionales y del conjunto de la banca ha provocado este año una emisión de deuda por más de 40 mil millones de dólares, una deuda que involucra tanto a Macri, Prat Gay y Sturzenegger, como a Alicia Kirchner, Bertone y Urtubey o hasta Lifschitz del gobierno “socialista” de Santa Fe. La gobernabilidad que reclaman los 1900 CEOs que participaron del Mini Davos se teje sobre la base de un gran acuerdo nacional con el capital financiero para incrementar la deuda externa.
Es así que el presupuesto 2017 incluye la emisión de bonos del Tesoro Nacional por un número monumental: 55 mil millones de dólares. Es decir, que en los dos años de Gobierno de Macri la emisión de título de la deuda podrá superar los 100 mil millones de dólares, una cifra que ni siquiera Martínez de Hoz ni Cavallo imaginaron. En el mensaje al Parlamento, Macri se ufanó de haber logrado durante el primer semestre de 2016 ¡la mayor emisión de títulos de deuda de todos los países emergentes del planeta!
Un ataque en regla contra los trabajadores
El presupuesto nacional establece un ataque en regla contra los trabajadores del Estado y los jubilados, contra la educación y la salud, preparando así las condiciones materiales para llevar adelante un enfrentamiento contra el conjunto del movimiento obrero y popular.
En el presupuesto no se dice una sola palabra sobre la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio y jubilaciones. Este es un reclamo por el cual los trabajadores impulsaron cientos de paros sectoriales, innumerables actos y movilizaciones de repudio y cinco paros nacionales, para exigir a los gobiernos de los Kirchner su inmediata derogación. Su no mención demuestra la demagogia de Macri quien en su campaña planteaba el fin del impuesto al salario. Hoy ni él ni los gobernadores sacan el impuesto con el pretexto de una crisis fiscal. Sin embargo, no argumentaron lo mismo a la hora de sacarles las exenciones a las mineras y al campo.
La supuesta crisis fiscal, por la cual no levantan los impuestos al salario y a los productos de consumo básico (cuando la pobreza supera el 32%), se explica con facilidad. Mientras el presupuesto dice que habrá 480 mil millones de déficit, la suma de intereses de pago de la fraudulenta, ilegítima y usuraria deuda externa alcanza los 246 mil millones. Si a eso le sumamos los 127 mil millones, que ya mencionáramos como subsidios a las empresas privatizadas, casi el 80% del déficit está explicado por el pago a la banca y el subsidio a las patronales.
Ante este saqueo a las cuentas públicas, el Gobierno da una primera respuesta: el congelamiento completo de la planta de trabajadores dependiente del Estado nacional. Ni siquiera contempla aquello que en la jerga se denomina “alta por baja”. Para ilustrar la barbaridad: si un cirujano cardiovascular del Hospital Posadas o del Hospital de Clínicas de la Universidad de Córdoba fallece en un accidente, serán necesarias las autorizaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Educación, Esteban Bullrich, respectivamente, para poder reemplazarlo. Como si esto no alcanzara, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no solo amenaza con poner en revisión 11 mil cargos sino que plantea más de 700 despidos en INTA.
Una vez más, el ajuste presupuestario y la precariedad laboral, impuestas por Menem y sostenida por los Kirchner, son ahora usadas por Macri para despedir trabajadores y, como se advierte en los casos mencionados (hospitales, INTA, educación), para limitar los servicios esenciales para nuestro pueblo.
Universidad: ajuste sobre ajuste
Desde que asumió el Gobierno, Macri, Bullrich y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) aplicaron con entusiasmo el presupuesto heredado de Cristina Kirchner y su ministro Axel Kicillof en las universidades públicas. Los únicos incrementos que existieron fueron los que arrancaron los docentes con un plan de lucha de 22 días que incrementaron el salario en un 35% y por la paritaria no docente que se acercó a ese porcentaje
El presupuesto para las universidades de 79.300 millones de pesos no alcanza siquiera a mantener en valores constantes el presupuesto de CFK y Kicillof, un presupuesto que, por otra parte, ya fuera denunciado por los sindicatos docentes (Conadu Histórica, AGD) una y otra vez como un presupuesto de ajuste.
Si al presupuesto de Kicillof, que era de 55 mil millones de pesos, le aplicamos la inflación 2016 que reconoce el presupuesto de Macri (37,2%) y la prevista para el año 2017 en ese mismo presupuesto (19,4%), el sistema universitario debería percibir más de 89 mil millones de pesos. Es decir, unos 10 mil millones de pesos más de lo que efectivamente está presupuestado para 2017.
De esta política no escapan los 56 rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que hicieron su ofrenda a la “gobernabilidad”: sean reformistas, “federales” o camporistas, solicitaron apenas 85 mil millones de pesos, primero, para poco después pedir 2700 millones de pesos que se sumarían a los míseros 79.300 millones presupuestados. Al igual que la burocracia sindical y los gobernadores provinciales, los rectores amenazaron con una postura de máxima para terminar conformándose con un “bonito” de fin de año.
Un artículo nefasto para congelar la planta docente
Pasando a un análisis más pormenorizado del presupuesto, destacamos el nefasto artículo 12. Este artículo liquida la autonomía universitaria que solo defendemos en la práctica los docentes, los estudiantes y los no docentes combativos. Con este artículo, el Gobierno congela “plantas de personal docentes y no docentes sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en 2017”. Más claro, échele agua. De ahora en más, para garantizar las altas por bajas, las creaciones de carreras o la ampliación de los planteles por el crecimiento de la matrícula, se deberá contar previamente con el visto bueno del ministerio de Educación de la Nación, Bullrich, quien no tiene ni siquiera una escuela rancho a su cargo, pero que pretende digitar en forma personal las plantas docentes, vulnerando no solo la autonomía sino los convenios colectivos de trabajo docente y no docente que es donde debe discutirse y resolverse el punto. Todavía peor, si cabe: establecerá de manera unilateral las relaciones docente-alumno para cada disciplina. Asistimos con esto a un retroceso de más de 100 años, antes de la Reforma del 18, cuando era el presidente de la Nación el que nombraba por decreto a los docentes universitarios.
Este nefasto artículo 12 plantea también que “el citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondo por todo concepto en caso de incumplimiento en el envío de información” requerida por la SPU. Es decir, el ministro Bullrich se convierte en interventor de facto de todas las universidades ya que, si algún Consejo Directivo, Asamblea Universitaria o un simple funcionario se niega u olvida dar un informe, se podrán suspender hasta las remesas salariales a los trabajadores docentes y no docentes, y las becas a los estudiantes.
Sin aumento ni salario para los ad honorem
La SPU afirma que en este presupuesto está garantizado todo el incremento salarial conquistado por los docentes universitarios con el plan de lucha que desplegaron en el primer semestre del año para ser pagado en 2017. Es decir, el 35%.
Pero lo que muestra en realidad este presupuesto es la voluntad política de Macri y Bullrich de dar 0 peso de recomposición salarial de noviembre hasta febrero del próximo año, siendo que el reclamo de la docencia universitaria es la recomposición salarial en orden del 15%, dada la inflación reconocida por el propio ministro Prat Gay. En el presupuesto 2017, tampoco se incluye el incremento de la garantía salarial que debiera ser automático con el incremento del salario mínimo vital y móvil que, de acuerdo con la ley, se ha actualizado en este mes de setiembre y se volverá a actualizar durante el mes de enero. El gobierno intenta incumplir con esta cláusula firmada en la paritaria de mayo por todos los gremios.
Pero todavía peor: el presupuesto 2017 tampoco incorpora un peso para los otros ítems suscriptos en el acta como es el pago de salarios de convenio a los ad honorem y contratados, el pago del adicional a la exclusiva dedicación a la universidad y la gratuidad de los posgrados para los docentes universitarios. Solo considerando el pago de salarios a los ad honorem y solo considerando el número que reconoce el propio Consejo Superior de la UBA –que estima la existencia de 7000 docentes ad honorem-, harían falta 485 millones de pesos más. Ni el ministerio de Educación ni el CIN han tenido alguna cifra en cuenta para ello.
Sin fondos para el CCT ni para becas
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) nacional de los docentes universitarios lleva 15 meses de aprobado y todavía no se ha puesto un centavo para las promociones de los docentes en la carrera docente ni para la designación de suplencias en la aplicación de licencias. Veamos este ejemplo elemental: se han conquistado 180 días de licencia para las compañeras embarazadas. Como las universidades y el Estado no ponen fondos para su financiación, en la práctica lo que sucede es que las suplencias o son denegadas o se cierra la comisión de la docente, llevando más carga de trabajo a sus compañeros de cátedra o departamento.
El ajuste en las becas universitarias es brutal. De 23 mil becas existentes en 2015 para estudiantes con bajos recursos se pasa a solo 14.350, una reducción del 62%. Esto es una cachetada al movimiento estudiantil. Mientras se anuncia que el 32% de la población es pobre, se reducen las becas para cerrarles las puertas de la universidad.
Más grave aún es la desaparición –literalmente- de las becas estudiantiles para las carreras de ingeniería que pasan de 2000 a… 0. Algo que resulta totalmente consistente con la orientación social del Gobierno y el proceso de desindustrialización que comenzó hace más de cinco años.
Tan brutal como el ajuste a las becas estudiantiles es el que se aplica sobre las transferencias de capital que, como dice el presupuesto nacional, “tienen como destino la financiación de la inversión, la inversión pública financiada por el Estado nacional”. O sea, edificios, mejoras de infraestructura, laboratorios, talleres, bibliotecas, informática. En 2016, la partida prevista era de 1471 millones. Para 2017, la cifra es de 440 millones. Una reducción del 70,1% según figura en el texto del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo.
Si hoy nos encontramos con caídas de techos, roturas de baños, ratas en los edificios, falta de bibliografía, pupitres, aulas, microscopios, computadoras… la situación para el año próximo se tornará insostenible. Asistiremos a un derrumbe edilicio.
En el presupuesto aparece un incremento en la partida de Ciencia y Técnica de 125 millones a 500 millones de pesos, y un aumento en el programa de incentivos hasta 198 millones de pesos. Pero este único incremento en un mar de congelamientos y recortes no debería hacernos perder de vista lo central. Sin duda es en las universidades públicas donde se produce la mayoría de la investigación en CyT en todo el país. El presupuesto 2017 de Macri ajusta en el INTA -como manifestamos más arriba- y dispone para el ministerio de Ciencia y Tecnología un incremento de apenas un 13%. Esto significa que, de conjunto, hay un ajuste también en el sistema de CyT.
Esta reflexión es consistente con el incremento de los incentivos. La vigencia de la Ley de Educación Superior (Les), la Coneau, los sistemas de categorizaciones opacos y la arbitraria asignación de subsidios, no garantizaron una mayor cantidad y calidad de las investigaciones al servicio de las mayorías populares y de las comunidades locales. Al contrario, la experiencia de 21 años de vigencia ininterrumpida de la Les y la Coneau, nos dice que esas categorizaciones y subsidios están al servicio de la fragmentación del cuerpo docente y, en muchos casos, son directamente funcionales a las multinacionales sojeras y mineras.
La distribución de los subsidios a la investigación no solo debe ser transparente sino que además se debe dar con la participación del movimiento docente y estudiantil para garantizar que los mismos sean aplicados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industrialización del país, al servicios de los trabajadores y el pueblo.
No podemos dejar pasar la oportunidad de denunciar que, según el presupuesto, la Coneau le cuesta al pueblo argentino 111 millones de pesos al año para cumplir con la tarea sucia de regimentar el sistema universitario, a sus carreras, a sus estudiantes y docentes.
Conclusiones
Creemos haber demostrado la orientación social de este presupuesto de Macri y por qué es necesario rechazarlo en general y en el universitario en particular. Como también quedó demostrado que nuestra impugnación no es corporativa sino que lo hacemos asumiendo el interés general de trabajadores, ocupados, desocupados, activos y jubilados, y al conjunto de los sectores populares.
Sostenemos que el presupuesto debe rehacerse de arriba a abajo. Es necesario partir de las necesidades de los trabajadores en cada lugar del país. Lo hacemos desde la denuncia de toda la deuda externa, ilegítima y usuraria. Lo hacemos planteando que el salario de los trabajadores activos y jubilados debe ser igual a la canasta familiar. Lo hacemos desde la necesidad de un desarrollo industrial autónomo, al servicio de las mayorías populares. Lo hacemos exigiendo la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo a todos los docentes universitarios, como también reclamamos se haga lo respectivo con todos los trabajadores estatales, todos los trabajadores de cooperativas y tercerizados que dependen del presupuesto nacional. Lo hacemos pensando en que es necesaria la inclusión de una partida presupuestaria para instaurar inmediatamente el boleto educativo, nacional , gratuito, para estudiantes, docentes y no docentes, para que se tripliquen la cantidad de becas estudiantiles, para que no falte ningún comedor estudiantil en ninguna unidad académica, para erradicar las escuelas rancho y tener una infraestructura edilicia, de laboratorios y bibliotecas, al servicios de los procesos de enseñanza, investigación y extensión.
Hoy, el salario de los docentes universitarios tiene un desfase de un 70% en relación con la canasta familiar. No se aplica el Convenio de Trabajo. Más de 20 mil docentes no cobran salario por su trabajo. Se reducen las becas y el presupuesto en infraestructura. Sigue vigente la Coneau y la Les menemista para estandarizar los contenidos de enseñanza e investigación según los modelos de los organismos financieros imperialistas.
Estos son datos que surgen de la realidad y del presupuesto. Por eso, vale ratificar un reclamo que ya es histórico del movimiento estudiantil, docente y no docente combativos: triplicación del presupuesto universitario.
* Antonio Rosselló es magister, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales. Actualmente es el secretario adjunto de Conadu Histórica.
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