Desde hace unos días las redes sociales están saturadas de publicidad de cátedras de la FADU. Docentes publicitando en foros de alumnxs. Ofertas explícitas y clandestinas, viajes, experiencias de vida, notas "guardadas" para evitar finales. No necesariamente hay en pugna ideología, el campo o borde de las disciplinas, no se debate la orientación mas general de la universidad, sino mas bien son la expresión de cuan profundo ha calado la adaptación a la falta de presupuesto y precarización laboral impuesta por las autoridades.
El ajuste presupuestario que larga y sostenidamente denunciamos desde la Agrupación Naranja -conducción de AGD UBA- empieza a instalar dinámicas, erigir símbolos: las autoridades ajustadoras impusieron en gran parte de la docencia en FADU la necesidad de "captar" alumnxs, básicamente, porque -bajo su política de "puntaje"- las inscripciones se trasforman en puntos y los puntos en salario docente. Las autoridades ajustadoras que bloquean la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT, ver aquí) trabajan por disociar salario y trabajo docente, desplazándolo del campo de los derechos laborales y política educativa hacia una suerte de emprendorismo, en donde los pobrísimos recursos para pagar salarios dependen del esfuerzo individual de la docencia por captar y retener alumnxs.
Esta “uberización” que buscan instalar exonera a las autoridades nacionales y universitarias sobre el financiamento único y estatal de la universidad, quiebra la consciencia de clase de lxs compañerxs y la unidad del movimiento docente por sus reivindicaciones. El sistema de puntaje que las autoridades de toda laya han sostenido es un dispositivo que diluye la visibilidad de quien lleva adelante el ajuste (ver aquí). Presenta a lxs titulares en el lugar de "patrón" de sus compañerxs docentes precarizadxs con contratos semestrales o anuales, al mismo tiempo que 3 de cada 4 de lxs propixs titulares también son precarizados con contratos semestrales o anuales. Esta división divide y debilita al movimiento docente frente a las políticas de ajuste y habilita ataques como los orquestados sobre las cátedras dirigidas por titulares precarizados como interinxs que no se alinearon con la gestión (Pedemonte, Carnicer).
La consigna de libertad de elección de cátedra de hace 100 años, nada tenía que ver con la uberización, sino todo lo contrario, fue una consigna de lucha contra las camarillas que se transmitían las cátedras por herencia. Hoy, las camarillas que bloquean la democratización de la Universidad y la vigencia del CCT, argumentan "libertad de elección de cátedra" en las inscripciones para atacar los derechos laborales.
Este ataque a la estabilidad laboral FADU no es un hecho aislado. Se da al mismo tiempo que AGD y CONADU Histórica el estado de alerta y movilización en defensa del salario y cláusulas gatillo amenazadas por el gobierno Nacional que, en el marco del acuerdo con el FMI, ya bloqueó la movilidad jubilatoria y pone en la mira regímenes jubilatorios como el conquistado con la lucha por la docencia universitaria. La docencia de media y primaria de 6 provincias no inició las clases en rechazo al bloqueo de la aplicación de cláusulas gatillo por la inflación y el resto del activismo se organiza contra la entrega de las burocracias sindicales que, como Hugo Yasky, quien declara que "las cláusulas gatillo generan una inercia inflacionaria".
Desde la agrupación naranja convocamos a la docencia en FADU a deliberar sobre las distintas modalidades de adaptación a las políticas de ajuste dictadas por el gobierno y el FMI.
Organicémonos por salario acorde a la canasta básica, presupuesto y plena vigencia del CCT para garantizar estabilidad laboral.
Agrupación Naranja en AGD FADU. 05/03/2020
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6 de marzo de 2020
3 de marzo de 2020
Más AGD independiente y de lucha para defender los derechos de lxs docentes pre y universitarios
Veinte años de una dirección autónoma de los gobiernos y de las gestiones universitarias, basada en el frente único de lucha, hicieron posible la construcción de un sindicato de casi 6.000 afiliados, comisiones internas en prácticamente todas las facultades y colegios preuniversitarios, que nació, se nutre y vive sobre la base de lo resuelto por sus asambleas y en el más amplio reconocimiento de la democracia sindical. Este ha sido el norte de la Agrupación Naranja, dirección mayoritaria del gremio y parte de un frente docente.
Por esto intervinimos en el Argentinazo, en la construcción de la Conadu Histórica desde el primer momento y contra la intervención del Estado, fundamos la Asociación Gremial Docente desde las bases y contra toda burocracia sindical. Con este método conquistamos tener un salario totalmente en blanco, único, en el Estado nacional. Conquistamos el 82% y el 85% móvil que nos permite escapar de jubilaciones por debajo de la línea de indigencia.
Conquistamos la designación de 4.000 docentes ad honorem con salario (875 en 2019 y más de 3.000 en 2007). Conquistamos un Convenio Colectivo de Trabajo Nacional que aún la UBA con la complicidad de las burocracias sindicales se niega a aplicar en la universidad. Atendimos distintos aspectos sociales desde los kits escolares hasta los programas de capacitación.
Adquirimos nuestra sede social, servicios de esparcimiento y asesorías legales y contables. Y seguimos luchando para que nuestra obra social Dosuba esté al servicio de las y los trabajadores, y sus familias, gobernada por ellos y con un manejo transparente de los fondos.
Dónde estamos
El monstruoso endeudamiento que dejó el gobierno de Macri y sus cómplices pone en cuestionamiento todo lo conquistado. Pero no fuimos espectadores: el movimiento docente universitario y científico enfrentó en las calles desde el primer día, desplegando las movilizaciones universitarias más grandes de la historia argentina y, por eso, desde la Naranja impulsamos no firmar paritarias a la baja que reintroducían las sumas en negro del menemismo.
Pero la historia de los pagos seriales de la deuda usuraria es bastante más larga y condicionó el régimen democrático desde 1983 hasta la fecha. Hoy ya han sido afectados por la llamada Ley de Solidaridad y el Decreto 163/2020 nuestros jubilados por el sistema científico (y todos los integrantes del complejo científico-tecnológico) y los docentes de máximas categoría y designación han recibido menos del 4% de recomposición en sus jubilaciones, violando su derecho al 85% y al 82% móvil como corresponde al conjunto de los trabajadores. De haberse aplicado la propia ley macrista, contra la que nos movilizamos desde AGD y Conadu Histórica, el incremento debía ser de 11,56%. Son Vicentín, Techint, Shell y las mineras los que deben ser solidarios. No, los docentes e investigadores.
A fin de año, la AGD denunció rápidamente el intento de suspender la movilidad de los haberes a través de una campaña que, si se viralizó tan pronto y hasta produjo una crisis en aquellos sindicatos que pretendían con obediencia disimularla, es porque conectó con un reclamo y una lucha histórica de un movimiento nacional de la docencia en la que nuestro gremio y la Agrupación Naranja jugó un papel destacado.
También está en juego la aplicación de la cláusula gatillo que logramos en la paritaria 2019. Los antecedentes de cinco provincias (Tucumán, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe), cuyos gobiernos de distinto signo coincidieron en postergarlas o directamente suspenderlas sin aviso, nos advierten que se trata de una política de Estado.
Todavía no se han efectivizado todos los salarios para los 875 docentes ad honorem, con la retroactividad correspondiente. Tampoco se ha cumplimentado la adecuación del nomenclador de la docencia preuniversitaria.
Por estas evidencias, tenemos que seguir en estado de alerta, con asambleas en cada lugar de trabajo, en defensa de toda el acta paritaria y, en particular de toda la cláusula gatillo pendiente.
Más que nunca, sindicatos de los trabajadores
¿Hace falta recordar que para la defensa de las conquistas históricas y los derechos de las y los trabajadores necesitamos de sindicatos verdaderamente autónomos, independientes de gobiernos y patronales?
Sí. Sobre todo cuando un representante sindical, como Hugo Yasky, declara que las cláusulas gatillo generan una inercia inflacionaria. Justo en el momento en que peligra esta conquista. O Cavalieri que acaba de suscribir un convenio colectivo a la baja y con sumas fijas, destruyendo las escalas salariales y las trayectorias laborales, lo que no podemos permitir en la universidad y el sistema científico, ni en ningún lugar de trabajo. Se intenta implantar como sentido común que todxs debemos hacer un esfuerzo. Los que luchamos por el blanqueo salarial, la indexación y un salario igual a la media canasta familiar ya hicimos nuestro esfuerzo. La deuda es con los trabajadores y las mayorías populares. El esfuerzo lo tienen que hacer las patronales y los acreedores internacionales. No se puede pedir ningún esfuerzo más al pueblo.
Desafíos
Para la Agrupación Naranja, de inmediato la defensa del salario –por la cláusula gatillo y por la media canasta familiar para el cargo testigo-, del salario para lxs docentes ad honorem –para garantizar que se concrete lo que conquistamos y avanzar con un nuevo programa de rentas– y de los derechos jubilatorios, el 82% y la movilidad. Es la tarea central para esta etapa. Y este 24 de marzo, como siempre, seguir diciendo que fueron 30 mil, luchar por el juicio y castigo de todos los responsables de la dictadura y del gatillo fácil contra los protocolos represivos, y por la defensa de las libertades democráticas y por el derecho de todos los derechos: a organizarse y a movilizarse.
Y sostenemos que esta AGD autónoma, como no podía ser de otra forma, sea parte integrante del enorme movimiento de mujeres y disidencias que se da en nuestro país. Participa en todos y cada uno de los Encuentros nacionales, de las movilizaciones de Ni Una Menos y de la lucha por educación sexual integral, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir y sin ningún tipo de restricciones. Defendemos la aplicación de los protocolos ILE y estamos en plena deliberación para que la AGD le proponga a toda la docencia universitaria un Protocolo contra la violencia de género.
La AGD lucha por una universidad al servicio de la mayoría nacional, de sus necesidades y de la preservación del medio ambiente, contra toda política de las corporaciones extractivistas sean mineros, sojeros o petroleros. Las tragedias climáticas que soporta la humanidad son responsabilidad de ellos. Entendemos que AGD debe mantener el compromiso de sumarse en todas las luchas por la defensa del medio ambiente.
La Asociación Gremial Docente, dirigida por la Agrupación Naranja en un frente de organizaciones, es el instrumento que creamos hace veinte años –y así lo celebramos- las y los docentes para fortalecer nuestra organización colectiva y para defender nuestros derechos.
En junio se abre un nuevo proceso electoral del gremio. Para la Naranja nunca fue una instancia administrativa. Por eso no sólo mantenemos una elección de cinco días con docenas de mesas sino que promovemos el masivo pronunciamiento de las y los docentes por el fortalecimiento de un sindicato que no es de los gobiernos ni de las gestiones sino de las y los que enseñamos, damos clase, nos formamos incluso a nuestro costo e investigamos en las condiciones ya conocidas.
Como dirección mayoritaria del gremio y como parte de un frente docente, la Agrupación Naranja llama a todas las organizaciones que compartan nuestro planteo de autonomía de todos los gobiernos y las gestiones, de ruptura con el FMI, de investigación y no pago de la deuda para superar la hipoteca de nuestras condiciones de vida, por la defensa incondicional del salario y de las jubilaciones, a integrar un frente único docente para seguir fortaleciendo esta AGD.
Porque, frente a los desafíos y las amenazas, necesitamos de esta AGD independiente y de lucha. Más sindicato de lxs docentes que se agremian, se organizan, plantean sus reclamos y se movilizan colectivamente.
Agrupación Naranja de docentes, investigadorxs y becarixs de la UBA
Por esto intervinimos en el Argentinazo, en la construcción de la Conadu Histórica desde el primer momento y contra la intervención del Estado, fundamos la Asociación Gremial Docente desde las bases y contra toda burocracia sindical. Con este método conquistamos tener un salario totalmente en blanco, único, en el Estado nacional. Conquistamos el 82% y el 85% móvil que nos permite escapar de jubilaciones por debajo de la línea de indigencia.
Conquistamos la designación de 4.000 docentes ad honorem con salario (875 en 2019 y más de 3.000 en 2007). Conquistamos un Convenio Colectivo de Trabajo Nacional que aún la UBA con la complicidad de las burocracias sindicales se niega a aplicar en la universidad. Atendimos distintos aspectos sociales desde los kits escolares hasta los programas de capacitación.
Adquirimos nuestra sede social, servicios de esparcimiento y asesorías legales y contables. Y seguimos luchando para que nuestra obra social Dosuba esté al servicio de las y los trabajadores, y sus familias, gobernada por ellos y con un manejo transparente de los fondos.
Dónde estamos
El monstruoso endeudamiento que dejó el gobierno de Macri y sus cómplices pone en cuestionamiento todo lo conquistado. Pero no fuimos espectadores: el movimiento docente universitario y científico enfrentó en las calles desde el primer día, desplegando las movilizaciones universitarias más grandes de la historia argentina y, por eso, desde la Naranja impulsamos no firmar paritarias a la baja que reintroducían las sumas en negro del menemismo.
Pero la historia de los pagos seriales de la deuda usuraria es bastante más larga y condicionó el régimen democrático desde 1983 hasta la fecha. Hoy ya han sido afectados por la llamada Ley de Solidaridad y el Decreto 163/2020 nuestros jubilados por el sistema científico (y todos los integrantes del complejo científico-tecnológico) y los docentes de máximas categoría y designación han recibido menos del 4% de recomposición en sus jubilaciones, violando su derecho al 85% y al 82% móvil como corresponde al conjunto de los trabajadores. De haberse aplicado la propia ley macrista, contra la que nos movilizamos desde AGD y Conadu Histórica, el incremento debía ser de 11,56%. Son Vicentín, Techint, Shell y las mineras los que deben ser solidarios. No, los docentes e investigadores.
A fin de año, la AGD denunció rápidamente el intento de suspender la movilidad de los haberes a través de una campaña que, si se viralizó tan pronto y hasta produjo una crisis en aquellos sindicatos que pretendían con obediencia disimularla, es porque conectó con un reclamo y una lucha histórica de un movimiento nacional de la docencia en la que nuestro gremio y la Agrupación Naranja jugó un papel destacado.
También está en juego la aplicación de la cláusula gatillo que logramos en la paritaria 2019. Los antecedentes de cinco provincias (Tucumán, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe), cuyos gobiernos de distinto signo coincidieron en postergarlas o directamente suspenderlas sin aviso, nos advierten que se trata de una política de Estado.
Todavía no se han efectivizado todos los salarios para los 875 docentes ad honorem, con la retroactividad correspondiente. Tampoco se ha cumplimentado la adecuación del nomenclador de la docencia preuniversitaria.
Por estas evidencias, tenemos que seguir en estado de alerta, con asambleas en cada lugar de trabajo, en defensa de toda el acta paritaria y, en particular de toda la cláusula gatillo pendiente.
Más que nunca, sindicatos de los trabajadores
¿Hace falta recordar que para la defensa de las conquistas históricas y los derechos de las y los trabajadores necesitamos de sindicatos verdaderamente autónomos, independientes de gobiernos y patronales?
Sí. Sobre todo cuando un representante sindical, como Hugo Yasky, declara que las cláusulas gatillo generan una inercia inflacionaria. Justo en el momento en que peligra esta conquista. O Cavalieri que acaba de suscribir un convenio colectivo a la baja y con sumas fijas, destruyendo las escalas salariales y las trayectorias laborales, lo que no podemos permitir en la universidad y el sistema científico, ni en ningún lugar de trabajo. Se intenta implantar como sentido común que todxs debemos hacer un esfuerzo. Los que luchamos por el blanqueo salarial, la indexación y un salario igual a la media canasta familiar ya hicimos nuestro esfuerzo. La deuda es con los trabajadores y las mayorías populares. El esfuerzo lo tienen que hacer las patronales y los acreedores internacionales. No se puede pedir ningún esfuerzo más al pueblo.
Desafíos
Para la Agrupación Naranja, de inmediato la defensa del salario –por la cláusula gatillo y por la media canasta familiar para el cargo testigo-, del salario para lxs docentes ad honorem –para garantizar que se concrete lo que conquistamos y avanzar con un nuevo programa de rentas– y de los derechos jubilatorios, el 82% y la movilidad. Es la tarea central para esta etapa. Y este 24 de marzo, como siempre, seguir diciendo que fueron 30 mil, luchar por el juicio y castigo de todos los responsables de la dictadura y del gatillo fácil contra los protocolos represivos, y por la defensa de las libertades democráticas y por el derecho de todos los derechos: a organizarse y a movilizarse.
Y sostenemos que esta AGD autónoma, como no podía ser de otra forma, sea parte integrante del enorme movimiento de mujeres y disidencias que se da en nuestro país. Participa en todos y cada uno de los Encuentros nacionales, de las movilizaciones de Ni Una Menos y de la lucha por educación sexual integral, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir y sin ningún tipo de restricciones. Defendemos la aplicación de los protocolos ILE y estamos en plena deliberación para que la AGD le proponga a toda la docencia universitaria un Protocolo contra la violencia de género.
La AGD lucha por una universidad al servicio de la mayoría nacional, de sus necesidades y de la preservación del medio ambiente, contra toda política de las corporaciones extractivistas sean mineros, sojeros o petroleros. Las tragedias climáticas que soporta la humanidad son responsabilidad de ellos. Entendemos que AGD debe mantener el compromiso de sumarse en todas las luchas por la defensa del medio ambiente.
La Asociación Gremial Docente, dirigida por la Agrupación Naranja en un frente de organizaciones, es el instrumento que creamos hace veinte años –y así lo celebramos- las y los docentes para fortalecer nuestra organización colectiva y para defender nuestros derechos.
En junio se abre un nuevo proceso electoral del gremio. Para la Naranja nunca fue una instancia administrativa. Por eso no sólo mantenemos una elección de cinco días con docenas de mesas sino que promovemos el masivo pronunciamiento de las y los docentes por el fortalecimiento de un sindicato que no es de los gobiernos ni de las gestiones sino de las y los que enseñamos, damos clase, nos formamos incluso a nuestro costo e investigamos en las condiciones ya conocidas.
Como dirección mayoritaria del gremio y como parte de un frente docente, la Agrupación Naranja llama a todas las organizaciones que compartan nuestro planteo de autonomía de todos los gobiernos y las gestiones, de ruptura con el FMI, de investigación y no pago de la deuda para superar la hipoteca de nuestras condiciones de vida, por la defensa incondicional del salario y de las jubilaciones, a integrar un frente único docente para seguir fortaleciendo esta AGD.
Porque, frente a los desafíos y las amenazas, necesitamos de esta AGD independiente y de lucha. Más sindicato de lxs docentes que se agremian, se organizan, plantean sus reclamos y se movilizan colectivamente.
Agrupación Naranja de docentes, investigadorxs y becarixs de la UBA
22 de noviembre de 2019
En defensa de las y los trabajadores, la universidad pública y la ciencia
Declaración de la Agrupación Naranja
América Latina –y no solo la región– vive enormes convulsiones: desde Haití a Nicaragua y Costa Rica, desde la rebelión en Ecuador hasta las luchas en las calles contra Piñera y los pacos de Pinochet, y contra el golpe fascista en Bolivia. Las y los trabajadores, campesinos y los pueblos les dicen basta al FMI y al imperialismo desatando enormes rebeliones populares contra sus políticas de ajuste y represión. Esas políticas fondomonetaristas, de ajuste, de endeudamiento, de especulación financiera, y aumento sideral de la inflación, la desocupación y la indigencia, también las padecemos en nuestro país.Las y los docentes pre y universitarios sufrimos también esas políticas de privatización y precarización. Las hemos enfrentado contra los gobiernos de turno, los ministros de turno, los rectores y las burocracias sindicales docentes, no docentes y estudiantiles. Nos hemos movilizado en confluencia con aquellos que han enfrentado estas políticas. Así hemos conquistado la simpatía y la participación del pueblo trabajador en defensa de la universidad pública como se demostró en agosto de 2018 con las más grandes movilizaciones universitarias de la historia. El gobierno de Mauricio Macri solo pudo mantener la aplicación de la Ley de Educación Superior, afectar el sistema científico-tecnológico, implantar el Sistema de Trayectorias Académicas, implementar el SIDIUNT y la resolución 1254 que recorta nuestros títulos, con el concurso directo de los rectores y las burocracias sindicales de Conadu, Fedun, Fatun y la FUA.Se abre una nueva etapaEl gobierno electo quiere mantener acuerdos con el FMI, reestructurar la fraudulenta e ilegítima deuda externa, implementar un pacto social entre el empresariado y las burocracias sindicales, imponiendo incluso las cláusulas de paz social y de congelamiento salarial.
La Agrupación Naranja de Docentes Universitarios rechaza de plano estas políticas y nos pronunciamos por la ruptura con el FMI, el repudio y no pago de la deuda pública fraudulenta e ilegítima, por las paritarias libres, y por la defensa del sistema jubilatorio, de salud, de educación y de ciencia y tecnología.
Es por eso que rechazamos el presupuesto 2020, que está a debatirse en el Congreso, entre la navidad y año nuevo, aprovechando las festividades de fin de año para intentar evitar que el pueblo argentino se pronuncia como el 14 y 18 de diciembre de 2017 contra las reformas laboral y previsional.
En esta dirección, la Agrupación Naranja, que milita en todas las federaciones docentes y en sus sindicatos de base, promueve la deliberación, las acciones gremiales y la movilización con todos los afectados para evitar que el presupuesto 2020, que será aprobado por el nuevo gobierno, sea una vez más un presupuesto de ajuste contra las y los trabajadores argentinos.
La Agrupación Nacional Naranja se pronuncia inequívocamente por la defensa del pliego histórico de la docencia pre y universitaria y advierte a todas y todos los compañeros que, así como lo estamos haciendo en solidaridad con los pueblos de Chile y Bolivia, debemos mantenernos en las calles, por nuestros derechos. En particular, contra cualquier intento del nuevo gobierno de designar en el Ministerio de Educación a representantes del sector privado de la educación, lo que marcaría toda una política de profundización de la privatización del sistema desde el inicio mismo de la gestión.
1) Defensa irrestricta de la universidad laica, estatal, gratuita, con perspectiva de género y al servicio de las mayorías populares.
2) Vigencia plena y cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo Docente en todas las universidades nacionales.
3) Paritarias libres. Indexación salarial. Que nuestro salario no incluya ninguna suma fija no remunerativa ni bonificable. Plena vigencia de los nomencladores pre y universitarios. Salario para el cargo testigo igual a la media canasta familiar. Eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Rentas para todas y todos los docentes ad honorem.
4) Triplicación del presupuesto para ciencia y universidad: condiciones de trabajo adecuadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fortalecimiento de las plantas docentes. Funcionamiento e infraestructuras edilicias acordes a las necesidades. Financiamiento adecuado a los proyectos de investigación, extensión y docencia. Incremento de las becas para las y los estudiantes. Creación o ampliación de los comedores y albergues estudiantiles.
5) Contra todo ataque a la salud pública: mayor presupuesto, defensa del sistema de obras sociales, contra toda pretensión de tercerización y privatización. Elección por el voto directo de las y los afiliados de las direcciones de las obras sociales.
6) 82% móvil para todas y todos los jubilados. No a la privatización del sistema. Defensa incondicional del régimen jubilatorio de la docencia pre y universitaria.
7) Presupuesto para prevenir, reparar y sancionar la violencia de género en las universidades nacionales.
8) Derogación del Sistema Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios (SIDIUN). Derogación del Sistema de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, de la resolución 1254 y de todos los estándares de evaluación que no contemplan las condiciones de trabajo.
9) Derogación de la Ley de Educación Superior (LES) menemista, que se mantiene desde hace 25 años.
10) Rechazo a las reformas laboral y previsional.
11) No al FMI y al Banco Mundial en las políticas universitarias y en todo el país.
12) NO al pacto social. Paritarias libres. Plena vigencia de todos los Convenios Colectivos de Trabajo.
América Latina –y no solo la región– vive enormes convulsiones: desde Haití a Nicaragua y Costa Rica, desde la rebelión en Ecuador hasta las luchas en las calles contra Piñera y los pacos de Pinochet, y contra el golpe fascista en Bolivia. Las y los trabajadores, campesinos y los pueblos les dicen basta al FMI y al imperialismo desatando enormes rebeliones populares contra sus políticas de ajuste y represión. Esas políticas fondomonetaristas, de ajuste, de endeudamiento, de especulación financiera, y aumento sideral de la inflación, la desocupación y la indigencia, también las padecemos en nuestro país.Las y los docentes pre y universitarios sufrimos también esas políticas de privatización y precarización. Las hemos enfrentado contra los gobiernos de turno, los ministros de turno, los rectores y las burocracias sindicales docentes, no docentes y estudiantiles. Nos hemos movilizado en confluencia con aquellos que han enfrentado estas políticas. Así hemos conquistado la simpatía y la participación del pueblo trabajador en defensa de la universidad pública como se demostró en agosto de 2018 con las más grandes movilizaciones universitarias de la historia. El gobierno de Mauricio Macri solo pudo mantener la aplicación de la Ley de Educación Superior, afectar el sistema científico-tecnológico, implantar el Sistema de Trayectorias Académicas, implementar el SIDIUNT y la resolución 1254 que recorta nuestros títulos, con el concurso directo de los rectores y las burocracias sindicales de Conadu, Fedun, Fatun y la FUA.Se abre una nueva etapaEl gobierno electo quiere mantener acuerdos con el FMI, reestructurar la fraudulenta e ilegítima deuda externa, implementar un pacto social entre el empresariado y las burocracias sindicales, imponiendo incluso las cláusulas de paz social y de congelamiento salarial.
La Agrupación Naranja de Docentes Universitarios rechaza de plano estas políticas y nos pronunciamos por la ruptura con el FMI, el repudio y no pago de la deuda pública fraudulenta e ilegítima, por las paritarias libres, y por la defensa del sistema jubilatorio, de salud, de educación y de ciencia y tecnología.
Es por eso que rechazamos el presupuesto 2020, que está a debatirse en el Congreso, entre la navidad y año nuevo, aprovechando las festividades de fin de año para intentar evitar que el pueblo argentino se pronuncia como el 14 y 18 de diciembre de 2017 contra las reformas laboral y previsional.
En esta dirección, la Agrupación Naranja, que milita en todas las federaciones docentes y en sus sindicatos de base, promueve la deliberación, las acciones gremiales y la movilización con todos los afectados para evitar que el presupuesto 2020, que será aprobado por el nuevo gobierno, sea una vez más un presupuesto de ajuste contra las y los trabajadores argentinos.
La Agrupación Nacional Naranja se pronuncia inequívocamente por la defensa del pliego histórico de la docencia pre y universitaria y advierte a todas y todos los compañeros que, así como lo estamos haciendo en solidaridad con los pueblos de Chile y Bolivia, debemos mantenernos en las calles, por nuestros derechos. En particular, contra cualquier intento del nuevo gobierno de designar en el Ministerio de Educación a representantes del sector privado de la educación, lo que marcaría toda una política de profundización de la privatización del sistema desde el inicio mismo de la gestión.
1) Defensa irrestricta de la universidad laica, estatal, gratuita, con perspectiva de género y al servicio de las mayorías populares.
2) Vigencia plena y cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo Docente en todas las universidades nacionales.
3) Paritarias libres. Indexación salarial. Que nuestro salario no incluya ninguna suma fija no remunerativa ni bonificable. Plena vigencia de los nomencladores pre y universitarios. Salario para el cargo testigo igual a la media canasta familiar. Eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Rentas para todas y todos los docentes ad honorem.
4) Triplicación del presupuesto para ciencia y universidad: condiciones de trabajo adecuadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fortalecimiento de las plantas docentes. Funcionamiento e infraestructuras edilicias acordes a las necesidades. Financiamiento adecuado a los proyectos de investigación, extensión y docencia. Incremento de las becas para las y los estudiantes. Creación o ampliación de los comedores y albergues estudiantiles.
5) Contra todo ataque a la salud pública: mayor presupuesto, defensa del sistema de obras sociales, contra toda pretensión de tercerización y privatización. Elección por el voto directo de las y los afiliados de las direcciones de las obras sociales.
6) 82% móvil para todas y todos los jubilados. No a la privatización del sistema. Defensa incondicional del régimen jubilatorio de la docencia pre y universitaria.
7) Presupuesto para prevenir, reparar y sancionar la violencia de género en las universidades nacionales.
8) Derogación del Sistema Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios (SIDIUN). Derogación del Sistema de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, de la resolución 1254 y de todos los estándares de evaluación que no contemplan las condiciones de trabajo.
9) Derogación de la Ley de Educación Superior (LES) menemista, que se mantiene desde hace 25 años.
10) Rechazo a las reformas laboral y previsional.
11) No al FMI y al Banco Mundial en las políticas universitarias y en todo el país.
12) NO al pacto social. Paritarias libres. Plena vigencia de todos los Convenios Colectivos de Trabajo.
15 de noviembre de 2019
LAS AUTORIDADES DE LA FADU BUSCAN USURPAR LOS 61 NUEVOS CARGOS DE AYUDANTE DE 1RA CONQUISTADOS CON LA LUCHA
El viernes pasado la gestión de la facultad anunció la asignación del presupuesto para 61 cargos de ayudantes de 1ra (ver http://comunica.fadu.uba.ar/61-nuevos-cargos-de-auxiliares/).
Esta partida extra presupuestaria fue conquistada con el plan de lucha contra el ajuste Macrista de AGD y CONADU Histórica, que incluyó mas de 20 días de paro durante el primer cuatrimestre, y se materializó en el acta acuerdo firmada por todas las federaciones en Junio de 2019.
Sin embargo, las autoridades de FADU, que nada tienen que ver con la conquista sino al contrario, votaron a favor el presupuesto de ajuste que mantiene miles de docentes precarizadxs como ad honorem, acaban de publicar lo que ya habíamos denunciado (ver https://n9.cl/ol12): mientras AGD llevaba adelante asambleas de docentes ad honorem para debatir y consensuar que criterios debían guiar la distribución, las autoridades han asignado el presupuesto destinado a nuevos cargos para pagar salarios que adeudaban desde comienzos del ciclo lectivo y para la distribución del resto del presupuesto han urdido un rosario de criterios cruzados, que, en lo ínfimo de la muestra (61 cargos nuevos en una facultad de mas de 1.500 ad honorem) resultaron como mínimo arbitrarios y representan un despojo para lxs docentes que llevan mas antigüedad sin cobrar salario, es decir, mayor tiempo expropiados de lo que se venía a salvar: el cobro de salario por el trabajo que se realiza.
La comunicación de las autoridades es tan canalla que incluso lo cita como un acuerdo con las asociaciones sindicales cuando fue rechazado por AGD FADU.
Desde la agrupación naranja rechazamos esta usurpación de los cargos por parte de las autoridades ajustadoras y convocamos a reforzar el trabajo de la comisión ad honorem.
Que el consejo superior asigne un aumento presupuestario de emergencia para el pago de salarios adeudados.
Que se garantice el criterio de antigüedad como ad honorem para la asignación de los cargos, cuestión perfectamente comprobable.
La única manera de terminar con el arco entero de precarización, los financiamientos “cruzados”, los interinatos, contratados, subrentados, monotributistas, medio cargos, ad honorem y un largo etcétera es la plena vigencia del convenio colectivo nacional. Por un aumento presupuestario de emergencia.
Agrupación Naranja de Docentes FADU
Esta partida extra presupuestaria fue conquistada con el plan de lucha contra el ajuste Macrista de AGD y CONADU Histórica, que incluyó mas de 20 días de paro durante el primer cuatrimestre, y se materializó en el acta acuerdo firmada por todas las federaciones en Junio de 2019.
Sin embargo, las autoridades de FADU, que nada tienen que ver con la conquista sino al contrario, votaron a favor el presupuesto de ajuste que mantiene miles de docentes precarizadxs como ad honorem, acaban de publicar lo que ya habíamos denunciado (ver https://n9.cl/ol12): mientras AGD llevaba adelante asambleas de docentes ad honorem para debatir y consensuar que criterios debían guiar la distribución, las autoridades han asignado el presupuesto destinado a nuevos cargos para pagar salarios que adeudaban desde comienzos del ciclo lectivo y para la distribución del resto del presupuesto han urdido un rosario de criterios cruzados, que, en lo ínfimo de la muestra (61 cargos nuevos en una facultad de mas de 1.500 ad honorem) resultaron como mínimo arbitrarios y representan un despojo para lxs docentes que llevan mas antigüedad sin cobrar salario, es decir, mayor tiempo expropiados de lo que se venía a salvar: el cobro de salario por el trabajo que se realiza.
La comunicación de las autoridades es tan canalla que incluso lo cita como un acuerdo con las asociaciones sindicales cuando fue rechazado por AGD FADU.
Desde la agrupación naranja rechazamos esta usurpación de los cargos por parte de las autoridades ajustadoras y convocamos a reforzar el trabajo de la comisión ad honorem.
Que el consejo superior asigne un aumento presupuestario de emergencia para el pago de salarios adeudados.
Que se garantice el criterio de antigüedad como ad honorem para la asignación de los cargos, cuestión perfectamente comprobable.
La única manera de terminar con el arco entero de precarización, los financiamientos “cruzados”, los interinatos, contratados, subrentados, monotributistas, medio cargos, ad honorem y un largo etcétera es la plena vigencia del convenio colectivo nacional. Por un aumento presupuestario de emergencia.
Agrupación Naranja de Docentes FADU
18 de septiembre de 2017
Conquistamos una banca en el consejo para lxs docentes
En una elección donde gravitan habitualmente los aparatos de los colegios profesionales y ministerios “técnicos”, el amplio acuerdo de camarillas bajo la lista 1 resultó en un menor esfuerzo de “aparato”: votaron 1.830 graduados, cuando el promedio general (y aún con un padrón 15% mas chico) era de 2.100 votantes.
En contraposición a ellos, desde Voz Docente hicimos una campaña en defensa de los derechos laborales mas básicos, como salario y estabilidad, aplicación del convenio colectivo nacional (que las autoridades FADU/UBA se niegan a aplicar), pero también por el derecho a la ciudad (cuando las autoridades embarcan a la facultad como legitimadora del proceso de privatización de suelo urbano en CABA) y contra la avanzada de precarización laboral que sufrimos los graduados de los diseños y arquitectura.
Bajo este escenario de polarización, Voz Docente pudo constituirse en canal de expresión de una corriente mas general de rechazo al ajuste en la educación, nacionalmente sostenido por las corrientes de las que las camarillas universitarias de las lista 1 son tributarias (desde el FPV hasta los radicales y PRO), duplicando nuestros votos históricos, alcanzando el 27% (487 votos).
Convocamos al conjunto de docentes y graduados a deliberar en plenarios de lista para elaborar los mandatos a llevar al consejo, con eje en la expresión que va a adquirir la largamente anunciada política de reforma laboral del macrismo en la universidad a través de la degradación de títulos de grado, sistema de créditos académicos y pasantías (que ya fueron rechazadas –sobre la misma base- por el movimiento de secundarios en CABA) y el ataque al Convenio Colectivo de Trabajo y con ello el agravamiento de la precarización laboral que sufrimos los docentes.
Vamos ahora por la gestión colectiva de la banca, por un reagrupamiento de sectores profesionales y organizaciones de lucha por el derecho a la ciudad, por las reivindicaciones docentes a través de AGD CONADU Histórica, y por un movimiento mas general de lucha contra la reforma educativa y laboral del macrismo.
Agrupación Naranja de Graduados en Voz Docente
12 de septiembre de 2017
CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA DEL MACRISMO VOTÁ VOZ DOCENTE EN LAS ELECCIONES DE GRADUADOS
La amplia coalición que lleva adelante el ajuste Macrista ha amalgamado en FADU para estas elecciones de graduados bajo la lista 1 (graduados por FADU) al conjunto de camarillas que se expresaban como distintas fuerzas (fadu plural, reforma, coalición) pero que han coincidido durante los últimos doce años en el bloqueo a la democratización del cogobierno (claustro único docente, empadronamiento automático de graduados, y ampliación de la representación estudiantil), la adaptación a la falta de presupuesto y el ataque a las condiciones de trabajo docentes.
Estas corrientes han sido la correa de transmisión en la universidad de las políticas de ajuste, colocándola primero como tercerizadora de trabajo precarizado para el estado y las grandes empresas, y preparan ahora en este ámbito la largamente anunciada política de reforma laboral del macrismo a través de la degradación de títulos de grado, sistema de créditos académicos y pasantías, que ya fueron rechazadas –sobre la misma base- por estudiantes y docentes de media organizados que toman las escuelas contra la implementación del programa “secundaria del futuro”.
La unica lista que los enfrenta (Voz Docente, lista 1900) es el frente que conformamos un grupo de graduados que no solo participamos de la vida activa de facultad en nuestro trabajo como docentes, participando activamente por la organización de los docentes en la lucha por mejores condiciones de trabajo desde el sindicato AGD UBA y Conadu Histórica (la agrupación Naranja y la Corriente Sindical René Salamanca), sino también por el derecho a la ciudad, contra la avanzada de precarización laboral que sufrimos los graduados de las carreras de los diseños y arquitectura, y mas en general por una universidad que produzca conocimiento al servicio de las necesidades de las mayorías populares.
Democratización y defensa de las carreras de grado.
El estatuto de la UBA garantiza la mayoría de representación en el cogobierno (claustro de profesores) a un sector extremadamente minoritario (229 docentes) pero rechaza la participación del conjunto de docentes precarizados como interinos (independientemente de su categoría) y la totalidad de auxiliares (JTP y ayudantes), cercanos a 3.000. La lista 1 celebra la ampliación del padrón de profesores a 229 mientras desde Voz Docente proponemos el claustro único docente, para que lo integremos los mas de 3.000 que trabajamos en FADU.
Nos pronunciamos por la reforma del estatuto por el claustro único docente, y por el empadronamiento automático de graduados, en vías de ampliar la base de representación y terminar con la sobrerepresentación de arquitectura (70%), y por juntas de carrera elegidas democráticamente y no a dedo, como hasta ahora. Plena vigencia de la autonomía. Derogación de la LES Menemista, no a la CONEAU. No al Sistema de Reconocimiento Nacional de Crédito Académico.
Derecho al salario y estabilidad laboral. Aplicación del CCT.
La lista 1 publicita una cantidad de concursos, pero ¿concursar es regularizar? No. Puede ser útil en el caso de una vacante o cargo nuevo, pero en FADU, donde el 90% de los docentes trabajamos desde hace 5, 10, 15 o 20 años precarizados como interinos con contratos por 3, 6, o 12 meses, el problema es cómo garantizar nuestra estabilidad laboral. Los concursos que publicita la gestión de la facultad y reforma (lista 1) son usados como taparrabos de su bloqueo al acceso a la estabilidad laboral que garantiza el CCT. Inclusive, al no haber aumento presupuestario los concursos de auxiliares que se llevan adelante se llaman "financiados" con el salario del docente que ejerce el cargo (“asignación presupuestaria”).
Nos pronunciamos por la vigencia irrestricta en la UBA del convenio colectivo de trabajo (CCT) y la regularización inmediata de todos los interinos (ver CCT, artículo 73). Rechazamos también la invención de mas categorías de precarización para los docentes como la creación de la figura del “docente en formación”, entelequia que desconoce derechos tan básicos como el salario y la formación paga dentro de la jornada laboral.
Sobre el ejercicio profesional
Criticamos la celebración del emprendedurismo que hace la actual gestión (hecha en línea con la reforma de la escuela media propuesto por el macrismo en la ya citada "secundaria del futuro"). El "emprendedurismo" en ningún lugar del mundo ha significado una ampliación de derechos laborales sino todo lo contrario, se trata de una modalidad de trabajo de bajísima tasa de productividad que ha crecido al calor de la crisis. La mayor ratio de "emprendedurismo" está vinculada a la menor renta por cápita y no al revés[1].
El mito de "soy mi propio jefe" montado alrededor de los free lancer y emprendedores, oculta que dentro de la economía formal la perspectiva es insertarse como subcontratistas o tercerizados de grandes estudios, agencias o productoras audiovisuales, etc. En la gran mayoría de los casos el trabajo free lance es expresión de autoexplotación laboral para poder insertarse en el "mercado", cristalizado a través de la pérdida de derechos tan básicos como vacaciones pagas, licencias por enfermedad o embarazo, jornadas laborales acotadas, contar con un espacio de trabajo o cobertura médica.
Sobre políticas urbanísticas
La Facultad, bajo la orientación de la actual gestion, está embarcada como legitimadora del proceso de privatización de suelo urbano llevado adelante por los gobiernos Nacional y de la CABA y orientados por las desarrolladoras inmobiliarias, a través de su participación como auspiciante o promotora. Inclusive la lista 1 en profesores está integrada por el funcionariado de la ciudad denunciado permanentemente por su interpretación “creativa” de la legislación de resguardo del patrimonio histórico de la ciudad.
Nos pronunciamos en favor de la lucha que llevan adelante vecinos y profesionales organizados en asambleas, observatorios, y organizaciones populares que luchan por el derecho a la ciudad.
Sobre políticas de género
La masificación del movimiento de mujeres impuso en la agenda pública la urgencia de abordar la violencia de género. Tras ello las autoridades han creado la "unidad de género", que mientras publicita 1 (uno) baño "sin distinción de género"[2] desconoce la agudización de las condiciones de precarización laboral que sufren las trabajadoras mujeres en FADU: no se paga suplencias para las docentes ad honorem con licencia por embarazo o maternidad, bloquean la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo que equipara y amplía las licencias por maternidad "biológica" y "por adopción", y sostienen licencias por "paternidad" de 1 y 3 días (por lo que la carga del cuidado de los recién nacidos cae también sobre las mujeres).
Votá Voz Docente contra la reforma educativa del Macrismo en FADU
En el material de las elecciones de 2015 decíamos desde la Naranja que “las consignas de defensa del salario y estabilidad docentes, los derechos de género, convenio colectivo, que lleva como programa Voz Docente, ponen en jaque la única perspectiva que estas camarillas (expresadas en FADU Plural, Fadu para la Victoria, o Reforma) tienen como salida que es el sueño de Domingo Cavallo: el autofinanciamiento”.
Dos años después, no solo la alianza de Reforma y FADU Plural bajo el macrismo confirma ese pronóstico, sino hasta el mismísimo ministro de educación ha anunciado que “no vamos a financiar más nuevas carreras en las que no haya áreas de vacancia”, “una Universidad puede dictar las carreras que quiera, pero tendrá que tener recursos propios”.
En defensa de una universidad pública al servicio de los intereses de las mayorías trabajadoras vota contra la reforma educativa del macrismo en la Universidad.
Desde el 11 al 15 de Septiembre votá Voz Docente.
Agrupación Naranja en el frente Voz Docente.
[1] fuente: Global Enterpreneurship Monitor
Estas corrientes han sido la correa de transmisión en la universidad de las políticas de ajuste, colocándola primero como tercerizadora de trabajo precarizado para el estado y las grandes empresas, y preparan ahora en este ámbito la largamente anunciada política de reforma laboral del macrismo a través de la degradación de títulos de grado, sistema de créditos académicos y pasantías, que ya fueron rechazadas –sobre la misma base- por estudiantes y docentes de media organizados que toman las escuelas contra la implementación del programa “secundaria del futuro”.
La unica lista que los enfrenta (Voz Docente, lista 1900) es el frente que conformamos un grupo de graduados que no solo participamos de la vida activa de facultad en nuestro trabajo como docentes, participando activamente por la organización de los docentes en la lucha por mejores condiciones de trabajo desde el sindicato AGD UBA y Conadu Histórica (la agrupación Naranja y la Corriente Sindical René Salamanca), sino también por el derecho a la ciudad, contra la avanzada de precarización laboral que sufrimos los graduados de las carreras de los diseños y arquitectura, y mas en general por una universidad que produzca conocimiento al servicio de las necesidades de las mayorías populares.
Democratización y defensa de las carreras de grado.
El estatuto de la UBA garantiza la mayoría de representación en el cogobierno (claustro de profesores) a un sector extremadamente minoritario (229 docentes) pero rechaza la participación del conjunto de docentes precarizados como interinos (independientemente de su categoría) y la totalidad de auxiliares (JTP y ayudantes), cercanos a 3.000. La lista 1 celebra la ampliación del padrón de profesores a 229 mientras desde Voz Docente proponemos el claustro único docente, para que lo integremos los mas de 3.000 que trabajamos en FADU.
Nos pronunciamos por la reforma del estatuto por el claustro único docente, y por el empadronamiento automático de graduados, en vías de ampliar la base de representación y terminar con la sobrerepresentación de arquitectura (70%), y por juntas de carrera elegidas democráticamente y no a dedo, como hasta ahora. Plena vigencia de la autonomía. Derogación de la LES Menemista, no a la CONEAU. No al Sistema de Reconocimiento Nacional de Crédito Académico.
Derecho al salario y estabilidad laboral. Aplicación del CCT.
La lista 1 publicita una cantidad de concursos, pero ¿concursar es regularizar? No. Puede ser útil en el caso de una vacante o cargo nuevo, pero en FADU, donde el 90% de los docentes trabajamos desde hace 5, 10, 15 o 20 años precarizados como interinos con contratos por 3, 6, o 12 meses, el problema es cómo garantizar nuestra estabilidad laboral. Los concursos que publicita la gestión de la facultad y reforma (lista 1) son usados como taparrabos de su bloqueo al acceso a la estabilidad laboral que garantiza el CCT. Inclusive, al no haber aumento presupuestario los concursos de auxiliares que se llevan adelante se llaman "financiados" con el salario del docente que ejerce el cargo (“asignación presupuestaria”).
Nos pronunciamos por la vigencia irrestricta en la UBA del convenio colectivo de trabajo (CCT) y la regularización inmediata de todos los interinos (ver CCT, artículo 73). Rechazamos también la invención de mas categorías de precarización para los docentes como la creación de la figura del “docente en formación”, entelequia que desconoce derechos tan básicos como el salario y la formación paga dentro de la jornada laboral.
Sobre el ejercicio profesional
Criticamos la celebración del emprendedurismo que hace la actual gestión (hecha en línea con la reforma de la escuela media propuesto por el macrismo en la ya citada "secundaria del futuro"). El "emprendedurismo" en ningún lugar del mundo ha significado una ampliación de derechos laborales sino todo lo contrario, se trata de una modalidad de trabajo de bajísima tasa de productividad que ha crecido al calor de la crisis. La mayor ratio de "emprendedurismo" está vinculada a la menor renta por cápita y no al revés[1].
El mito de "soy mi propio jefe" montado alrededor de los free lancer y emprendedores, oculta que dentro de la economía formal la perspectiva es insertarse como subcontratistas o tercerizados de grandes estudios, agencias o productoras audiovisuales, etc. En la gran mayoría de los casos el trabajo free lance es expresión de autoexplotación laboral para poder insertarse en el "mercado", cristalizado a través de la pérdida de derechos tan básicos como vacaciones pagas, licencias por enfermedad o embarazo, jornadas laborales acotadas, contar con un espacio de trabajo o cobertura médica.
Sobre políticas urbanísticas
La Facultad, bajo la orientación de la actual gestion, está embarcada como legitimadora del proceso de privatización de suelo urbano llevado adelante por los gobiernos Nacional y de la CABA y orientados por las desarrolladoras inmobiliarias, a través de su participación como auspiciante o promotora. Inclusive la lista 1 en profesores está integrada por el funcionariado de la ciudad denunciado permanentemente por su interpretación “creativa” de la legislación de resguardo del patrimonio histórico de la ciudad.
Nos pronunciamos en favor de la lucha que llevan adelante vecinos y profesionales organizados en asambleas, observatorios, y organizaciones populares que luchan por el derecho a la ciudad.
Sobre políticas de género
La masificación del movimiento de mujeres impuso en la agenda pública la urgencia de abordar la violencia de género. Tras ello las autoridades han creado la "unidad de género", que mientras publicita 1 (uno) baño "sin distinción de género"[2] desconoce la agudización de las condiciones de precarización laboral que sufren las trabajadoras mujeres en FADU: no se paga suplencias para las docentes ad honorem con licencia por embarazo o maternidad, bloquean la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo que equipara y amplía las licencias por maternidad "biológica" y "por adopción", y sostienen licencias por "paternidad" de 1 y 3 días (por lo que la carga del cuidado de los recién nacidos cae también sobre las mujeres).
Votá Voz Docente contra la reforma educativa del Macrismo en FADU
En el material de las elecciones de 2015 decíamos desde la Naranja que “las consignas de defensa del salario y estabilidad docentes, los derechos de género, convenio colectivo, que lleva como programa Voz Docente, ponen en jaque la única perspectiva que estas camarillas (expresadas en FADU Plural, Fadu para la Victoria, o Reforma) tienen como salida que es el sueño de Domingo Cavallo: el autofinanciamiento”.
Dos años después, no solo la alianza de Reforma y FADU Plural bajo el macrismo confirma ese pronóstico, sino hasta el mismísimo ministro de educación ha anunciado que “no vamos a financiar más nuevas carreras en las que no haya áreas de vacancia”, “una Universidad puede dictar las carreras que quiera, pero tendrá que tener recursos propios”.
En defensa de una universidad pública al servicio de los intereses de las mayorías trabajadoras vota contra la reforma educativa del macrismo en la Universidad.
Desde el 11 al 15 de Septiembre votá Voz Docente.
Agrupación Naranja en el frente Voz Docente.
[1] fuente: Global Enterpreneurship Monitor
24 de mayo de 2017
Conadu Histórica, AGD UBA y las federaciones estudiantiles combativas en plaza de mayo.
Hace una semana se llevó adelante la multitudinaria marcha nacional
educativa. Por debajo de la celebración mas general de la unidad de la
convocatoria de las 3 federaciones nacionales mas importantes (Conadu Histórica,
CONADU/Feduba y FEDUN/Aduba) que expresa la aspiración genuina del activismo de
quebrar la división y aislamiento que debilita la lucha docente, desde la Agrupación
Naranja, como dirección de AGD UBA, entendimos prioritario clarificar que la
marcha no nos encontraba “en el mismo lugar” con las burocracias sindicales
convocando a movilizarnos en la columna del sindicalismo que defiende la
independencia política del movimiento docente.
No solo porque CONADU/Feduba y FEDUN/Aduba se ocuparon en
dividir y aislar las distintas acciones de lucha las pocas veces que llamaron a
parar, sino que inclusive la misma convocatoria a la marcha expresaba eso: Hubo
marcha unificada solo entre Congreso y el Ministerio de Educación. Las burocracias
sindicales de CONADU/Feduba y FEDUN/Aduba que firmaron sistemáticamente
acuerdos salariales a la baja y la paritaria de 16 meses -que recién el año pasado
pudimos quebrar- rechazaron instalar la lucha docente en el centro de poder
político, la plaza de mayo. Solo Conadu Histórica, AGD UBA y las federaciones
estudiantiles combativas llegaron a plaza de mayo.
Difundimos la intervención de Ileana Celotto en la Plaza de Mayo.
Lunes 29/5 paro nacional por el 35% de recomposición salarial.
El próximo 5 al 9 de junio se vota en AGD. Llamamos al
conjunto de docentes a participar para fortalecer al único sindicato que lucha
por los derechos de los trabajadores docentes, contra el ajuste del gobierno
nacional y las camarillas universitarias.
27 de diciembre de 2016
Con la toma por 5 días del MINCyT y la lucha en los CCT provinciales logramos UN PRIMER TRIUNFO PARA PROFUNDIZAR LA LUCHA CONTRA EL AJUSTE.
El acta firmada: el mejor de los escenarios posibles
La toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante 5 días, apoyada por ocupaciones y distintas medidas en los CCT regionales, logró el viernes 23 por la noche el primer triunfo de una lucha que es histórica para nuestro sector. El acta firmada por el conjunto de las organizaciones gremiales y políticas presentes garantiza la reincorporación de los 508 trabajadores/as al CONICET, incluyendo a 107 que estaban hasta ese día por fuera del organismo, con becas post-doctorales hasta diciembre de 2017 así como el compromiso de inserción de todos/as ellos/as en distintos ámbitos de la investigación pública, incluyendo al CONICET. Asimismo, contempla la formación de una comisión de seguimiento integrada por representantes gremiales, provinciales y de los afectados/as que permitirá monitorear la evolución del cumplimiento del acta.
En concreto, son 450 compañeros/as que ya habían sido expulsados previamente del organismo o quedaban despedidos en abril del 2017, que hoy están dentro del CONICET. A esto se suman los restantes 58 compañeros/as que tenían beca post-doctoral hasta el 2018 y que hoy tienen el compromiso de su efectivización en algún organismo público, respetando sus líneas de investigación y sedes de trabajo, y con condiciones laborales iguales a las de los Investigadores de carrera. Si bien no se logró conquistar el reclamo de máxima, esto es el compromiso de ingreso de los 508 al CONICET, el triunfo conseguido representa mejores condiciones para enfrentar las luchas que se vienen.
El acierto de un método
El acta firmada fue producto de una contrapropuesta elaborada en una masiva asamblea en base a lo propuesto por la comisión de afectados/as y el resultado del plan de lucha impulsado por JCP Bs As. Éste comenzó con la movilización y ocupación del CONICET mientras se reunía el Directorio del organismo la semana anterior y siguió con la movilización y ocupación del Ministerio el pasado lunes. JCP Bs As fue, durante todo el primer año de gobierno macrista, la única organización gremial que llevó adelante la lucha consecuentemente durante todo el año contra el ajuste en la investigación pública, por la efectivización de los ingresos CIC y CPA 2015 y luego por el aguinaldo para los becarios/as y contra el recorte en los ingresos de 2016. En contraposición a la burocracia sindical, que ha firmado desde el pasado 10 de diciembre una tregua con el macrismo, JCP logró poner en pie un verdadero plan de lucha contra las políticas de ajuste del macrismo en la investigación pública. A lo largo de todo este proceso, fue clave que JCP Bs As mantuviera el carácter independiente de las autoridades del CONICET y diferentes camarillas del sistema científico. El rol de JCP como dirección de este conflicto y el compromiso y esfuerzo mostrado en el sostenimiento de la lucha fue reconocido por el conjunto de los compañeros/as, incluso aquellos más críticos del acuerdo alcanzado.
El rol del kirchnerismo
En CABA, los sectores kirchneristas intervinieron en el conflicto por el recorte en los ingresos mostrando, en todo momento, los lazos que aún mantienen con muchos de los funcionarios del CONICET. Desde el primer momento, rechazaron movilizarse al Directorio del CONICET el día en que se firmaban los despidos, dividiendo en los hechos la convocatoria. Luego de que el CONICET fuera tomado para exigir una reunión, continuaron con la realización de un acto paralelo sin sumarse ni a la ocupación ni al corte de calle posterior. El día lunes, tanto Autoconvocados como la dirección de ATE CONICET llamaron la movilización al MinCyT, pero se retiraron luego de que se definiera tomar el edificio en una asamblea. No obstante, minutos más tarde, cuando producto de la toma del edificio Barañao aceptó recibirnos, los referentes de las organizaciones kirchneristas se apresuraron a ingresar al MinCyT y reclamaron su participación en la reunión. Durante los primeros 3 días, sólo JCP Bs. As.y un sector de ATE CONICET sostuvieron activamente la ocupación, mientras Autoconvocados mantenía una reunión en Medicina para discutir el tema de los ingresos. La masividad y notoriedad que fue ganando la lucha forzó a estos sectores a bajar su reunión y concurrir a la toma del MinCyT. Lo mismo ocurrió con la dirección kirchnerista de ATE CONICET que sacó comunicados repudiando los métodos, se negó a aportar al fondo de lucha y sólo convocó a paro el viernes, luego de que la asamblea se lo exigiese. Durante gran parte del conflicto, la intervención de los sectores K estuvo focalizada en contraponer la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad de los compañeros/as despedidos/as a una supuesta defensa de fondo de la política científica impulsada por Barañao durante el kirchnerismo. Si bien luego firmaron y defendieron el acuerdo, esta intervención instaló en muchos compañeros/as que durante la toma del MinCyT debía resolverse no sólo la situación de los despedidos/as sino todos los problemas de fondo del sistema científico nacional la mayoría de los cuales se arrastraba desde su propia gestión. Sobre esa base, fue que muchos sectores kirchneristas de otras provincias terminaran manifestando su rechazo al acuerdo.
El conflicto mostró dos métodos de lucha totalmente definidos y claramente el triunfo de uno de ellos: la asamblea, la acción directa y la independencia política de lxstrabajadorxs, por sobre los rosqueos de cúpula y los compromisos con una fracción de la patronal.
La herencia del ¿otro? Barañao
A lo largo del conflicto por los despidos en el CONICET, ha quedado de manifiesto que muchas de las problemáticas obedecen a falencias de la política científica sostenida por Barañao durante el kirchnerismo. No en vano, la ex Presidenta Cristina Fernández intervino en las redes sociales despegándose de su ex Ministro y oponiendo el Barañao kirchnerista al actual Barañao macrista. Sin embargo, la expulsión de doctores del CONICET y la nula voluntad política de garantizar su inserción en otros ámbitos ya había estallado previamente durante el año 2011 cuando cientos de becarios e investigadores se movilizaron al CONICET. En aquella ocasión el conflicto logró la publicidad de algunos criterios de evaluación, el otorgamiento de 100 becas post-doctorales extra y la modificación de la normativa. En este sentido, plantear que “de la repatriación a la expulsión de los científicos pasó apenas un año” es una impostura cuando desde hace años JCP viene denunciado que el número de doctores expulsados del sistema supera ampliamente a los repatriados por el programa Raíces y que ambas gestiones carecen de un plan para su inserción en otros ámbitos. Quienes hoy descubren que Barañao impulsa bajo el macrismo la mercantilización de la ciencia parecen olvidar cómodamente que fue el ministro insignia de Monsanto durante toda su gestión, fomentando la cesión de patentes a las grandes empresas, defendiendo el uso de glifosato y persiguiendo a Andrés Carrasco cuando éste denunció el efecto devastador delos agrotóxicos sobre los seres humanos. De la misma forma, la precariedad laboral reinante en el CONICET, que jamás fue puesta en duda por el kirchnerismo, es la que permite que las convocatorias a CIC se realicen sin especificar previamente el número de ingresos previsto, que no se publiquen los órdenes de mérito o los criterios usados y que los becarios/as sigamos sin tener los derechos laborales más básicos. Sobre esta base de precarización el macrismo aplica hoy la profundización del ajuste.
La cuestión federal
La resolución del conflicto puso sobre la mesa la escasa coordinación los límites de la coordinación que se logró establecer entre quienes manteníamos la toma en el MinCyT con los compañeros/as de otras regionales. Lo mismo respecto a los distintos ritmos y organización de los movimientos. Esto se expresó en las caractrísticas tan disímiles entre las acciones en cada provincia: en el caso de Bs As. la toma de esta semana fue desde el lunes, por tiempo permanente con acciones masivas cada día, mientras que en otras sedes comenzó jueves o viernes y/o se tomaban por algunas horas. El reclamo de los compañeros/as del interior del país de que su aceptación o rechazo a la propuesta fuera tenida en cuenta en la masiva asamblea de Buenos Aires y a la hora de firmar o no el acta acuerdo, evidencia estas diferencias, tiempos y falta de coordinación. La imposibilidad de contar con información fehaciente de lo que ocurría en otros lugares (¿Había asambleas? ¿Votaban sólo los trabajadores del CONICET, como ocurrió en Buenos Aires, o todos los presentes? ¿ las tomas eran sostenidas por investigadores y afectados o por sectores solidarios?¿Cuál era el número de participantes?) sumado a la urgencia de garantizar que la negociación se mantuviera abierta, terminó forzando que la decisión se tomara apoyada en lo sucedido en Buenos Aires y en el estado de la toma allí. Lejos de tratarse de un desprecio hacia los compañeros/as del interior, se trató de una difícil decisión votada en asamblea y marcada por la urgencia de lograr el mejor de los acuerdos posibles en un contexto en el cual la toma del MinCyT se volvía difícil de sostener luego de 5 días de ocupación esa semana y uno del Conicet la anterior y frente a una propuesta del gobierno que no sólo había mejorado sustancialmente respecto de las anteriores sino que además aceptaba todos los términos de la contrapropusta votada en asamblea, partiendo de la caracterización que sin la toma del Ministerio se hacía imposible mantener abierto el diálogo sólo con la ocupación de los CCT. Mientras Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata y Rosario rechazaron la contapropuesta, La Plata votó a favor de la misma y Santiago del Estero y Tandil definieron acatar lo que se decidiera en Buenos Aires. Sin dudas, una de las grandes perspectivas que nos deja este conflicto es la necesidad de establecer una coordinación a nivel nacional que permita dejar atrás estas diferencias y enfrentar la lucha del 2017 en forma unificada. En este sentido, el plenario de coordinación nacional convocado por JCP Bs As para el sábado 4 de febrero en la explanada del MinCyT tiene que servir a este propósito.
Las maniobras detrás de un legítimo reclamo
Sin embargo, No podemos dejar de advertir que tras el legítimo reclamode una mayor coordinación, varios sectores kirchneristas han camuflado su voluntad de golpear a JCP como dirección de este conflicto. Efectivamente, aun cuando todas la organizaciones kirchneristas de Buenos Aires firmaron el acuerdo (Autoconvocados, CyT Argentina, becarios empoderados, CONADU) los ataques de estos sectores en Córdoba, Tucumán o Mar del Plata se focalizaron en atacar a JCP. Como bien han denunciado los compañeros/as de la Naranja de Córdoba, son los mismos sectores que durante el conflicto propusieron y votaron a favor de levantar una y otra vez las ocupaciones de los CCT. Detrás de estas maniobras, se esconde la necesidad de atacar el rol de JCP como dirección del conflicto dado que su orientación política no estuvo alineada al kirchnerismo ni antes ni después de la asunción del macrismo.
Algo parecido puede decirse de una parte de la izquierda, que prácticamente no participó del conflicto, y tardíamente se sube al carro fogoneando las críticas más despolitizadas y arteras vía redes sociales, para intentar capitalizar por vía del ataque lo que no pudieron a partir de una intervención política real.
Lo que viene
La intensa lucha contra los despidos en el CONICET ha obtenido no sólo un primer triunfo práctico expresado en la reincorporación del 100% de los trabajadores/as despedido/as, un logro nunca visto en otras dependencias estatales. Ha implicado el triunfo de una orientación política independiente de las autoridades y la burocracia sindical. Contrariamente a lo que sostenían la patronal y también muchos sectores kirchneristas al inicio del conflicto, se ha impuesto que los becarios/as somos trabajadores/as precarizados/as y que los 508 compañeros/as no eran “expulsados” sino despedidos. Lo que puede parecer una conclusión obvia es, sin embargo, la clarificación de una lucha política de más de 10 años que se ha resuelto al calor de la lucha.
Compañeros y compañeras: hemos protagonizado una lucha de alcances históricos. El acta alcanzada, y sobre todo la lucha que la propició, han sentado las bases para poner en pie una organización nacional de trabajadores/as del sistema científico y un plan de lucha nacional en el 2017 para enfrentar el ajuste y avanzar en las reivindicaciones pendientes. Junto al plenario de coordinación nacional del 4/2 convocado por JCP Bs. As., se impone la necesidad de una gran marcha federal en defensa de la investigación pública para comienzos del 2017.
La Agrupación Naranja ha participado activamente a lo largo y ancho del país tanto en JCP Bs As y La Plata como en diversas asambleas de base. Ha intervenido democráticamente en todos los espacios de deliberación y organización, con sus caracterizaciones y posiciones políticas, y le ha puesto el cuerpo a todas las medidas tomadas. Ratificamos este compromiso, y en el 2017 pondremos toda nuestra energía para desarrollar un movimiento de ciencia y técnica a nivel nacional que pueda imponer todas sus reivindicaciones y se una al resto de la clase obrera en lucha para enfrentar el ajuste.
Agrupación Naranja Ciencia y Técnica
4 de diciembre de 2016
El decano y FADU Plural desconocen el CCT vigente para atacar los derechos docentes
En la sesión de Consejo Directivo del miércoles pasado, el Decano defendió la falta de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nacional para los docentes universitarios en la UBA (CCT), argumentado que la UBA firmó “otro”que incluso ya fué homologado por el ministerio de trabajo, lo cual coloca a “ambos convenios" como válidos, y a la adopción de uno u otro una cuestión de “estrategia política”.
El Decano miente: La UBA no firmó ningún CCT, todo lo contrario, cuando se discutía el vigente abandonó la negociación.
Un convenio colectivo cristaliza las conquistas del movimiento de trabajadores en un momento determinado, rigiendo de manera única la totalidad de relaciones del trabajo a nivel nacional, y el que conquistamos en 2013 garantizaba, por ejemplo, terminar con la precarizacion de los docentes que trabajamos con contratos temporales (interinos con contratos por 3, 6, o 12 meses), figura que nos cabe a 9 de cada 10 docentes FADU. La aplicación del convenio nacional en la UBA obliga a regularizar estos cargos de manera inmediata, para hacer valer la estabilidad laboral de 3, 5, y 7 años, y no por 3, 6, y 12 meses como se nos impone en FADU.
El decano miente equiparando el CCT vigente a un acuerdo de las autoridades UBA con la burocracia sindical de ADUBA, que no solo no tiene ninguna homologación del ministerio de trabajo (porque no es un convenio), sino que menos todavía garantiza ningún derecho a los docentes. El acuerdo con ADUBA acepta el trabajo ad-honorem (cosa que el CCT no permite), y aún mas grave, producto de ese acuerdo, inclusive la burocracia de ADUBA apoyó los “meritocráticos” concursos con los que se quiere despedir a los trabajadores del CBC, con una campaña de desinformación que busca confundir el “concursar” sobre el derecho de “regularizar” que si garantiza el CCT.
¿Que otro sentido pueden tener estas mentiras de FADU Plural sino intentar desorganizar el movimiento de lucha contra la precarización laboral y el ajuste?
Para rematar el ataque a los derechos docentes, y montándose sobre el rechazo generalizado al sistema de puntaje para asignar salarios (que ellos mismos implementaron sistemáticamente para ajustarse a la falta de presupuesto), proponen además reforzar la precarizacion laboral y falta de pago de salarios con un proyecto de resolución que inventa la figura del “docente en formación”, como una nueva categoría de trabajo sin salario. Esta entelequia precarizadora se suma a la propuesta de superexplotación con que quieren que hagamos el trabajo que nos lleva con esfuerzo 4 horas frente a curso, ahora en 3.
La agrupación Naranja de docentes universitarios convoca al conjunto de docentes a organizarse en defensa de nuestras condiciones de vida contra el ajuste de los gobiernos nacional, UBA y FADU.
No a la creación de figuras para legitimar la precarización laboral, no a los “docentes en formación”. Por la formación docente durante la jornada laboral.
Salario para todos los docentes.
Estabilidad inmediata a los docentes con mas de 5 años de antigüedad según garantiza el CCT vigente. No a los concursos para los cargos de docentes que ya están trabajando y contemplados por el CCT.
Por el pago de los dos días de trabajo a los docentes de los talleres de diseño.
Por democratización y presupuesto.
Aquí puede leerse el texto del CCT vigente y homologado.
El Decano miente: La UBA no firmó ningún CCT, todo lo contrario, cuando se discutía el vigente abandonó la negociación.
Un convenio colectivo cristaliza las conquistas del movimiento de trabajadores en un momento determinado, rigiendo de manera única la totalidad de relaciones del trabajo a nivel nacional, y el que conquistamos en 2013 garantizaba, por ejemplo, terminar con la precarizacion de los docentes que trabajamos con contratos temporales (interinos con contratos por 3, 6, o 12 meses), figura que nos cabe a 9 de cada 10 docentes FADU. La aplicación del convenio nacional en la UBA obliga a regularizar estos cargos de manera inmediata, para hacer valer la estabilidad laboral de 3, 5, y 7 años, y no por 3, 6, y 12 meses como se nos impone en FADU.
El decano miente equiparando el CCT vigente a un acuerdo de las autoridades UBA con la burocracia sindical de ADUBA, que no solo no tiene ninguna homologación del ministerio de trabajo (porque no es un convenio), sino que menos todavía garantiza ningún derecho a los docentes. El acuerdo con ADUBA acepta el trabajo ad-honorem (cosa que el CCT no permite), y aún mas grave, producto de ese acuerdo, inclusive la burocracia de ADUBA apoyó los “meritocráticos” concursos con los que se quiere despedir a los trabajadores del CBC, con una campaña de desinformación que busca confundir el “concursar” sobre el derecho de “regularizar” que si garantiza el CCT.
¿Que otro sentido pueden tener estas mentiras de FADU Plural sino intentar desorganizar el movimiento de lucha contra la precarización laboral y el ajuste?
Para rematar el ataque a los derechos docentes, y montándose sobre el rechazo generalizado al sistema de puntaje para asignar salarios (que ellos mismos implementaron sistemáticamente para ajustarse a la falta de presupuesto), proponen además reforzar la precarizacion laboral y falta de pago de salarios con un proyecto de resolución que inventa la figura del “docente en formación”, como una nueva categoría de trabajo sin salario. Esta entelequia precarizadora se suma a la propuesta de superexplotación con que quieren que hagamos el trabajo que nos lleva con esfuerzo 4 horas frente a curso, ahora en 3.
La agrupación Naranja de docentes universitarios convoca al conjunto de docentes a organizarse en defensa de nuestras condiciones de vida contra el ajuste de los gobiernos nacional, UBA y FADU.
No a la creación de figuras para legitimar la precarización laboral, no a los “docentes en formación”. Por la formación docente durante la jornada laboral.
Salario para todos los docentes.
Estabilidad inmediata a los docentes con mas de 5 años de antigüedad según garantiza el CCT vigente. No a los concursos para los cargos de docentes que ya están trabajando y contemplados por el CCT.
Por el pago de los dos días de trabajo a los docentes de los talleres de diseño.
Por democratización y presupuesto.
Aquí puede leerse el texto del CCT vigente y homologado.
El decano Bruno se queja de que el consejo se convierte en una “ventanilla de trámites”
El miércoles 30, en plena sesión del consejo directivo, el decano se quejó de que el sindicato AGD llevará al Consejo Directivo conflictos como la sistemática falta de pago de salarios, despidos, digitación de concursos, ataque a docentes embarazadas, etc. (que incluyen el testimonio presencial de los propios docentes afectados), y que el cuerpo debía reservarse la censura a la palabra del sindicato y docentes para mantener “la altura” de lo que allí se trata.
Los problemas de los docentes no están en el consejo porque Kirchneristas, Macristas y Radicales (a través de la represión de la policía Federal a las movilizaciones por la democratización del estatuto UBA) niegan la representación en los Consejos para los docentes precarizados como interinos y a todos los “auxiliares” (JTP y ayudantes). Por ejemplo en FADU, medio consejo y el decano (la mayoría simple) es votada por 205 personas. Sobre 3.500 docentes solo 205 están representados en el claustro de profesores. Agreguemos a ello que además, bloquean la elección democrática de las direcciones de carrera, manteniendo a sus directores designados a dedo, y ahora preguntémonos de nuevo porqué los intereses de las mayorías no se expresan en el gobierno de la FADU.
Los docentes de la Naranja (conducción de AGD UBA y co conducción CONADUH) nos movilizamos sistemáticamente a la asamblea General de la UBA para exigir la democratización del cogobierno de la Universidad, exigiendo el claustro único docente, y en FADU por direcciones de carrera colegiadas y elegidas democráticamente.
ver aquí entrevista a Ileana Celotto, secretaria general de AGD por la Agrupación Naranja
3 de diciembre de 2016
NO A LOS DESPIDOS EN CONICET
En lo que aparece como algo más que un rumor, desde el CONICET surgieron datos que señalan que los ingresos a la Carrera del Investigador Científico este año serían de tan sólo 385 compañeros, frente a más de 1500 postulaciones, de las cuales el 50% han sido aprobadas por las comisiones evaluadoras. Es decir que la mitad de los científicos que fueron recomendados para su ingreso al CONICET por el propio organismo no ingresarán por cuestiones presupuestarias. En los últimos cinco años, los ingresos oscilaron entre 600 (2012) y 830 (2016) investigadores por año, con un promedio anual de 700 nuevos ingresos. De confirmarse el rumor, se trata de un recorte violento y agravado por la irresponsabilidad de las autoridades de no publicar los resultados que ya han sido elevados por las comisiones evaluadoras, jugando con la angustia de cientos de compañeros/as que no saben si se quedarán en la calle.
A estos cientos de despidos se suma otra arista de esta problemática que muestra que la lógica que rige el sistema científico-académico no ha cambiado: el Ministro de Ciencia y Tecnología de ayer y de hoy, Lino Barañao, y el Directorio del CONICET profundizan una política que, año a año, produce cientos de expulsiones encubiertas bajo la forma del “concurso desaprobado”. Al no conocerse los criterios utilizados -un reclamo de las organizaciones gremiales que el Directorio nunca atendió-, estas expulsiones resultan aún más oscuras. Al mismo tiempo, el Estado es incapaz de generar otros ámbitos laborales en los cuales los trabajadores puedan desempeñarse. En el caso del CONICET, el hecho de que el Directorio siempre deba esperar a que se apruebe el presupuesto para decidir, entre todos los recomendados, la línea de corte entre los que ingresan y los que se quedan afuera, expresa que no estamos frente a un problema de “capacidad” o “méritos” de los evaluados, sino frente a la negativa del Estado a asignar la partida de dinero necesaria para garantizar la continuidad laboral de su plantel de científicos.
En este aspecto, el gobierno actual ya ha mentido descaradamente en varias oportunidades: durante la campaña electoral, cuando prometió duplicar el presupuesto; prometiendo la efectivización de la totalidad de los ingresos 2015, y después incumpliendo sistemáticamente; y recientemente, cuando frente a las movilizaciones de científicos en todo el país por la reducción del presupuesto, agregó una partida que, aseguraba, permitiría continuar con el normal desempeño del organismo. Pero el ingreso de 385 investigadores, con más de 1500 solicitudes, expresa, por un lado, el despido de cientos de becarios recomendados para ingresar por el propio organismo a la vez que expulsa a otros cientos que durante más de siete años trabajaron bajo una relación laboral encubierta, de forma precarizada, sin derechos laborales mínimos. Y demuestra, una vez más, que el presupuesto no es suficiente para el funcionamiento del CONICET, y que los recortes, bajo todas sus formas, siguen a la orden del día.
La experiencia de la última década nos ha mostrado que, con la organización y la lucha de todos, podemos torcer el rumbo de los acontecimientos. Sin ir más lejos, durante todo el 2016, el Directorio y el Ministerio de Modernización retaceaban la efectivización de los ingresos aprobados en 2015.
Lejos de esperar y confiar en las “palabras tranquilizadoras” del Directorio y el ministro, nos movilizamos. Y luego de cada marcha obtuvimos como respuesta una nueva tanda de compañeros efectivizados en su cargo. Continuemos con el mismo método. No permitamos ningún recorte en ciencia y técnica. No aceptemos la discrecionalidad como método permanente.Basta de rumores y dilaciones: reclamamos a las autoridades del CONICET que publiquen oficialmente los resultados de la última convocatoria a CIC.
No a los despidos en CONICET. Ingreso inmediato de todos los recomendados
Transparencia en los métodos de evaluación: todo investigador debe saber qué tareas debe cumplir para conservar y desarrollarse en su trabajo.
Basta de expulsiones: reclamamos una política de inserción de doctores en el ámbito público.
Movilicémonos al CONICET, a los CCT y a los principales lugares de trabajo y plazas del país.
El próximo 15 de diciembre, frenemos el ajuste en la calle.
21 de noviembre de 2016
Presupuesto 2017: La parte del león
Por Antonio Rosselló, publicado en Luna Roja. Aquí publicación orginal
El presupuesto nacional, presentado por Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay y Esteban Bullrich, responde a la orientación social que intentan llevar adelante: una reorganización de las relaciones políticas y económicas entre el conjunto de las clases y la sociedad. Para hacer esta tarea, el Gobierno tendrá que ir a choques decisivos e imponerse sobre el movimiento obrero y popular. Por ello ha adoptado la táctica del gradualismo o, según relato oficial, el camino del ensayo y error.
El tarifazo ilustra el punto. El gobierno ha garantizado a las petroleras un precio que llega hasta triplicar el internacional en el caso del gas, en boca de pozo, al tiempo que tuvo que rebaja del 1300% inicial al 203% el del gas domiciliario para los residentes patagónicos. Sin embargo, ya adelantó que este tarifazo seguirá aplicándose hasta 2019, al final de su mandato, a una tasa del 33% anual en dólares.
Dolarizar las tarifas es una política de Estado, que llevan adelante Macri y Aranguren bajo el impulso de las petroleras, con el respaldo de todos los gobernadores de las provincias productoras y la cobertura de las burocracias sindicales que extorsionan a los trabajadores del petróleo -y a la población vinculada con ellos- con el despido y el cierre de sus fuentes de trabajo.
Ya está demasiado expuesto que los brutales incrementos de las tarifas producidos y a producirse van a parar al bolsillo ya engordado durante la “década ganada” por los pulpos petroleros y energéticos. Alguno podrá preguntarse qué tiene que ver esto con el análisis del presupuesto. Muy simple. En el presupuesto figuran explícitamente los subsidios a las empresas privadas como una línea del gasto que alcanza la friolera de 127 mil millones de pesos.
Pero la parte del león la lleva el capital financiero. El apetito de los bancos no se ha saciado con el incremento de su tasa de beneficio del 50% durante el año 2016. La voracidad de los acreedores internacionales y del conjunto de la banca ha provocado este año una emisión de deuda por más de 40 mil millones de dólares, una deuda que involucra tanto a Macri, Prat Gay y Sturzenegger, como a Alicia Kirchner, Bertone y Urtubey o hasta Lifschitz del gobierno “socialista” de Santa Fe. La gobernabilidad que reclaman los 1900 CEOs que participaron del Mini Davos se teje sobre la base de un gran acuerdo nacional con el capital financiero para incrementar la deuda externa.
Es así que el presupuesto 2017 incluye la emisión de bonos del Tesoro Nacional por un número monumental: 55 mil millones de dólares. Es decir, que en los dos años de Gobierno de Macri la emisión de título de la deuda podrá superar los 100 mil millones de dólares, una cifra que ni siquiera Martínez de Hoz ni Cavallo imaginaron. En el mensaje al Parlamento, Macri se ufanó de haber logrado durante el primer semestre de 2016 ¡la mayor emisión de títulos de deuda de todos los países emergentes del planeta!
Un ataque en regla contra los trabajadores
El presupuesto nacional establece un ataque en regla contra los trabajadores del Estado y los jubilados, contra la educación y la salud, preparando así las condiciones materiales para llevar adelante un enfrentamiento contra el conjunto del movimiento obrero y popular.
En el presupuesto no se dice una sola palabra sobre la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio y jubilaciones. Este es un reclamo por el cual los trabajadores impulsaron cientos de paros sectoriales, innumerables actos y movilizaciones de repudio y cinco paros nacionales, para exigir a los gobiernos de los Kirchner su inmediata derogación. Su no mención demuestra la demagogia de Macri quien en su campaña planteaba el fin del impuesto al salario. Hoy ni él ni los gobernadores sacan el impuesto con el pretexto de una crisis fiscal. Sin embargo, no argumentaron lo mismo a la hora de sacarles las exenciones a las mineras y al campo.
La supuesta crisis fiscal, por la cual no levantan los impuestos al salario y a los productos de consumo básico (cuando la pobreza supera el 32%), se explica con facilidad. Mientras el presupuesto dice que habrá 480 mil millones de déficit, la suma de intereses de pago de la fraudulenta, ilegítima y usuraria deuda externa alcanza los 246 mil millones. Si a eso le sumamos los 127 mil millones, que ya mencionáramos como subsidios a las empresas privatizadas, casi el 80% del déficit está explicado por el pago a la banca y el subsidio a las patronales.
Ante este saqueo a las cuentas públicas, el Gobierno da una primera respuesta: el congelamiento completo de la planta de trabajadores dependiente del Estado nacional. Ni siquiera contempla aquello que en la jerga se denomina “alta por baja”. Para ilustrar la barbaridad: si un cirujano cardiovascular del Hospital Posadas o del Hospital de Clínicas de la Universidad de Córdoba fallece en un accidente, serán necesarias las autorizaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Educación, Esteban Bullrich, respectivamente, para poder reemplazarlo. Como si esto no alcanzara, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no solo amenaza con poner en revisión 11 mil cargos sino que plantea más de 700 despidos en INTA.
Una vez más, el ajuste presupuestario y la precariedad laboral, impuestas por Menem y sostenida por los Kirchner, son ahora usadas por Macri para despedir trabajadores y, como se advierte en los casos mencionados (hospitales, INTA, educación), para limitar los servicios esenciales para nuestro pueblo.
Universidad: ajuste sobre ajuste
Desde que asumió el Gobierno, Macri, Bullrich y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) aplicaron con entusiasmo el presupuesto heredado de Cristina Kirchner y su ministro Axel Kicillof en las universidades públicas. Los únicos incrementos que existieron fueron los que arrancaron los docentes con un plan de lucha de 22 días que incrementaron el salario en un 35% y por la paritaria no docente que se acercó a ese porcentaje
El presupuesto para las universidades de 79.300 millones de pesos no alcanza siquiera a mantener en valores constantes el presupuesto de CFK y Kicillof, un presupuesto que, por otra parte, ya fuera denunciado por los sindicatos docentes (Conadu Histórica, AGD) una y otra vez como un presupuesto de ajuste.
Si al presupuesto de Kicillof, que era de 55 mil millones de pesos, le aplicamos la inflación 2016 que reconoce el presupuesto de Macri (37,2%) y la prevista para el año 2017 en ese mismo presupuesto (19,4%), el sistema universitario debería percibir más de 89 mil millones de pesos. Es decir, unos 10 mil millones de pesos más de lo que efectivamente está presupuestado para 2017.
De esta política no escapan los 56 rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que hicieron su ofrenda a la “gobernabilidad”: sean reformistas, “federales” o camporistas, solicitaron apenas 85 mil millones de pesos, primero, para poco después pedir 2700 millones de pesos que se sumarían a los míseros 79.300 millones presupuestados. Al igual que la burocracia sindical y los gobernadores provinciales, los rectores amenazaron con una postura de máxima para terminar conformándose con un “bonito” de fin de año.
Un artículo nefasto para congelar la planta docente
Pasando a un análisis más pormenorizado del presupuesto, destacamos el nefasto artículo 12. Este artículo liquida la autonomía universitaria que solo defendemos en la práctica los docentes, los estudiantes y los no docentes combativos. Con este artículo, el Gobierno congela “plantas de personal docentes y no docentes sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en 2017”. Más claro, échele agua. De ahora en más, para garantizar las altas por bajas, las creaciones de carreras o la ampliación de los planteles por el crecimiento de la matrícula, se deberá contar previamente con el visto bueno del ministerio de Educación de la Nación, Bullrich, quien no tiene ni siquiera una escuela rancho a su cargo, pero que pretende digitar en forma personal las plantas docentes, vulnerando no solo la autonomía sino los convenios colectivos de trabajo docente y no docente que es donde debe discutirse y resolverse el punto. Todavía peor, si cabe: establecerá de manera unilateral las relaciones docente-alumno para cada disciplina. Asistimos con esto a un retroceso de más de 100 años, antes de la Reforma del 18, cuando era el presidente de la Nación el que nombraba por decreto a los docentes universitarios.
Este nefasto artículo 12 plantea también que “el citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondo por todo concepto en caso de incumplimiento en el envío de información” requerida por la SPU. Es decir, el ministro Bullrich se convierte en interventor de facto de todas las universidades ya que, si algún Consejo Directivo, Asamblea Universitaria o un simple funcionario se niega u olvida dar un informe, se podrán suspender hasta las remesas salariales a los trabajadores docentes y no docentes, y las becas a los estudiantes.
Sin aumento ni salario para los ad honorem
La SPU afirma que en este presupuesto está garantizado todo el incremento salarial conquistado por los docentes universitarios con el plan de lucha que desplegaron en el primer semestre del año para ser pagado en 2017. Es decir, el 35%.
Pero lo que muestra en realidad este presupuesto es la voluntad política de Macri y Bullrich de dar 0 peso de recomposición salarial de noviembre hasta febrero del próximo año, siendo que el reclamo de la docencia universitaria es la recomposición salarial en orden del 15%, dada la inflación reconocida por el propio ministro Prat Gay. En el presupuesto 2017, tampoco se incluye el incremento de la garantía salarial que debiera ser automático con el incremento del salario mínimo vital y móvil que, de acuerdo con la ley, se ha actualizado en este mes de setiembre y se volverá a actualizar durante el mes de enero. El gobierno intenta incumplir con esta cláusula firmada en la paritaria de mayo por todos los gremios.
Pero todavía peor: el presupuesto 2017 tampoco incorpora un peso para los otros ítems suscriptos en el acta como es el pago de salarios de convenio a los ad honorem y contratados, el pago del adicional a la exclusiva dedicación a la universidad y la gratuidad de los posgrados para los docentes universitarios. Solo considerando el pago de salarios a los ad honorem y solo considerando el número que reconoce el propio Consejo Superior de la UBA –que estima la existencia de 7000 docentes ad honorem-, harían falta 485 millones de pesos más. Ni el ministerio de Educación ni el CIN han tenido alguna cifra en cuenta para ello.
Sin fondos para el CCT ni para becas
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) nacional de los docentes universitarios lleva 15 meses de aprobado y todavía no se ha puesto un centavo para las promociones de los docentes en la carrera docente ni para la designación de suplencias en la aplicación de licencias. Veamos este ejemplo elemental: se han conquistado 180 días de licencia para las compañeras embarazadas. Como las universidades y el Estado no ponen fondos para su financiación, en la práctica lo que sucede es que las suplencias o son denegadas o se cierra la comisión de la docente, llevando más carga de trabajo a sus compañeros de cátedra o departamento.
El ajuste en las becas universitarias es brutal. De 23 mil becas existentes en 2015 para estudiantes con bajos recursos se pasa a solo 14.350, una reducción del 62%. Esto es una cachetada al movimiento estudiantil. Mientras se anuncia que el 32% de la población es pobre, se reducen las becas para cerrarles las puertas de la universidad.
Más grave aún es la desaparición –literalmente- de las becas estudiantiles para las carreras de ingeniería que pasan de 2000 a… 0. Algo que resulta totalmente consistente con la orientación social del Gobierno y el proceso de desindustrialización que comenzó hace más de cinco años.
Tan brutal como el ajuste a las becas estudiantiles es el que se aplica sobre las transferencias de capital que, como dice el presupuesto nacional, “tienen como destino la financiación de la inversión, la inversión pública financiada por el Estado nacional”. O sea, edificios, mejoras de infraestructura, laboratorios, talleres, bibliotecas, informática. En 2016, la partida prevista era de 1471 millones. Para 2017, la cifra es de 440 millones. Una reducción del 70,1% según figura en el texto del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo.
Si hoy nos encontramos con caídas de techos, roturas de baños, ratas en los edificios, falta de bibliografía, pupitres, aulas, microscopios, computadoras… la situación para el año próximo se tornará insostenible. Asistiremos a un derrumbe edilicio.
En el presupuesto aparece un incremento en la partida de Ciencia y Técnica de 125 millones a 500 millones de pesos, y un aumento en el programa de incentivos hasta 198 millones de pesos. Pero este único incremento en un mar de congelamientos y recortes no debería hacernos perder de vista lo central. Sin duda es en las universidades públicas donde se produce la mayoría de la investigación en CyT en todo el país. El presupuesto 2017 de Macri ajusta en el INTA -como manifestamos más arriba- y dispone para el ministerio de Ciencia y Tecnología un incremento de apenas un 13%. Esto significa que, de conjunto, hay un ajuste también en el sistema de CyT.
Esta reflexión es consistente con el incremento de los incentivos. La vigencia de la Ley de Educación Superior (Les), la Coneau, los sistemas de categorizaciones opacos y la arbitraria asignación de subsidios, no garantizaron una mayor cantidad y calidad de las investigaciones al servicio de las mayorías populares y de las comunidades locales. Al contrario, la experiencia de 21 años de vigencia ininterrumpida de la Les y la Coneau, nos dice que esas categorizaciones y subsidios están al servicio de la fragmentación del cuerpo docente y, en muchos casos, son directamente funcionales a las multinacionales sojeras y mineras.
La distribución de los subsidios a la investigación no solo debe ser transparente sino que además se debe dar con la participación del movimiento docente y estudiantil para garantizar que los mismos sean aplicados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industrialización del país, al servicios de los trabajadores y el pueblo.
No podemos dejar pasar la oportunidad de denunciar que, según el presupuesto, la Coneau le cuesta al pueblo argentino 111 millones de pesos al año para cumplir con la tarea sucia de regimentar el sistema universitario, a sus carreras, a sus estudiantes y docentes.
Conclusiones
Creemos haber demostrado la orientación social de este presupuesto de Macri y por qué es necesario rechazarlo en general y en el universitario en particular. Como también quedó demostrado que nuestra impugnación no es corporativa sino que lo hacemos asumiendo el interés general de trabajadores, ocupados, desocupados, activos y jubilados, y al conjunto de los sectores populares.
Sostenemos que el presupuesto debe rehacerse de arriba a abajo. Es necesario partir de las necesidades de los trabajadores en cada lugar del país. Lo hacemos desde la denuncia de toda la deuda externa, ilegítima y usuraria. Lo hacemos planteando que el salario de los trabajadores activos y jubilados debe ser igual a la canasta familiar. Lo hacemos desde la necesidad de un desarrollo industrial autónomo, al servicio de las mayorías populares. Lo hacemos exigiendo la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo a todos los docentes universitarios, como también reclamamos se haga lo respectivo con todos los trabajadores estatales, todos los trabajadores de cooperativas y tercerizados que dependen del presupuesto nacional. Lo hacemos pensando en que es necesaria la inclusión de una partida presupuestaria para instaurar inmediatamente el boleto educativo, nacional , gratuito, para estudiantes, docentes y no docentes, para que se tripliquen la cantidad de becas estudiantiles, para que no falte ningún comedor estudiantil en ninguna unidad académica, para erradicar las escuelas rancho y tener una infraestructura edilicia, de laboratorios y bibliotecas, al servicios de los procesos de enseñanza, investigación y extensión.
Hoy, el salario de los docentes universitarios tiene un desfase de un 70% en relación con la canasta familiar. No se aplica el Convenio de Trabajo. Más de 20 mil docentes no cobran salario por su trabajo. Se reducen las becas y el presupuesto en infraestructura. Sigue vigente la Coneau y la Les menemista para estandarizar los contenidos de enseñanza e investigación según los modelos de los organismos financieros imperialistas.
Estos son datos que surgen de la realidad y del presupuesto. Por eso, vale ratificar un reclamo que ya es histórico del movimiento estudiantil, docente y no docente combativos: triplicación del presupuesto universitario.
* Antonio Rosselló es magister, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales. Actualmente es el secretario adjunto de Conadu Histórica.
El presupuesto nacional, presentado por Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay y Esteban Bullrich, responde a la orientación social que intentan llevar adelante: una reorganización de las relaciones políticas y económicas entre el conjunto de las clases y la sociedad. Para hacer esta tarea, el Gobierno tendrá que ir a choques decisivos e imponerse sobre el movimiento obrero y popular. Por ello ha adoptado la táctica del gradualismo o, según relato oficial, el camino del ensayo y error.
El tarifazo ilustra el punto. El gobierno ha garantizado a las petroleras un precio que llega hasta triplicar el internacional en el caso del gas, en boca de pozo, al tiempo que tuvo que rebaja del 1300% inicial al 203% el del gas domiciliario para los residentes patagónicos. Sin embargo, ya adelantó que este tarifazo seguirá aplicándose hasta 2019, al final de su mandato, a una tasa del 33% anual en dólares.
Dolarizar las tarifas es una política de Estado, que llevan adelante Macri y Aranguren bajo el impulso de las petroleras, con el respaldo de todos los gobernadores de las provincias productoras y la cobertura de las burocracias sindicales que extorsionan a los trabajadores del petróleo -y a la población vinculada con ellos- con el despido y el cierre de sus fuentes de trabajo.
Ya está demasiado expuesto que los brutales incrementos de las tarifas producidos y a producirse van a parar al bolsillo ya engordado durante la “década ganada” por los pulpos petroleros y energéticos. Alguno podrá preguntarse qué tiene que ver esto con el análisis del presupuesto. Muy simple. En el presupuesto figuran explícitamente los subsidios a las empresas privadas como una línea del gasto que alcanza la friolera de 127 mil millones de pesos.
Pero la parte del león la lleva el capital financiero. El apetito de los bancos no se ha saciado con el incremento de su tasa de beneficio del 50% durante el año 2016. La voracidad de los acreedores internacionales y del conjunto de la banca ha provocado este año una emisión de deuda por más de 40 mil millones de dólares, una deuda que involucra tanto a Macri, Prat Gay y Sturzenegger, como a Alicia Kirchner, Bertone y Urtubey o hasta Lifschitz del gobierno “socialista” de Santa Fe. La gobernabilidad que reclaman los 1900 CEOs que participaron del Mini Davos se teje sobre la base de un gran acuerdo nacional con el capital financiero para incrementar la deuda externa.
Es así que el presupuesto 2017 incluye la emisión de bonos del Tesoro Nacional por un número monumental: 55 mil millones de dólares. Es decir, que en los dos años de Gobierno de Macri la emisión de título de la deuda podrá superar los 100 mil millones de dólares, una cifra que ni siquiera Martínez de Hoz ni Cavallo imaginaron. En el mensaje al Parlamento, Macri se ufanó de haber logrado durante el primer semestre de 2016 ¡la mayor emisión de títulos de deuda de todos los países emergentes del planeta!
Un ataque en regla contra los trabajadores
El presupuesto nacional establece un ataque en regla contra los trabajadores del Estado y los jubilados, contra la educación y la salud, preparando así las condiciones materiales para llevar adelante un enfrentamiento contra el conjunto del movimiento obrero y popular.
En el presupuesto no se dice una sola palabra sobre la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio y jubilaciones. Este es un reclamo por el cual los trabajadores impulsaron cientos de paros sectoriales, innumerables actos y movilizaciones de repudio y cinco paros nacionales, para exigir a los gobiernos de los Kirchner su inmediata derogación. Su no mención demuestra la demagogia de Macri quien en su campaña planteaba el fin del impuesto al salario. Hoy ni él ni los gobernadores sacan el impuesto con el pretexto de una crisis fiscal. Sin embargo, no argumentaron lo mismo a la hora de sacarles las exenciones a las mineras y al campo.
La supuesta crisis fiscal, por la cual no levantan los impuestos al salario y a los productos de consumo básico (cuando la pobreza supera el 32%), se explica con facilidad. Mientras el presupuesto dice que habrá 480 mil millones de déficit, la suma de intereses de pago de la fraudulenta, ilegítima y usuraria deuda externa alcanza los 246 mil millones. Si a eso le sumamos los 127 mil millones, que ya mencionáramos como subsidios a las empresas privatizadas, casi el 80% del déficit está explicado por el pago a la banca y el subsidio a las patronales.
Ante este saqueo a las cuentas públicas, el Gobierno da una primera respuesta: el congelamiento completo de la planta de trabajadores dependiente del Estado nacional. Ni siquiera contempla aquello que en la jerga se denomina “alta por baja”. Para ilustrar la barbaridad: si un cirujano cardiovascular del Hospital Posadas o del Hospital de Clínicas de la Universidad de Córdoba fallece en un accidente, serán necesarias las autorizaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Educación, Esteban Bullrich, respectivamente, para poder reemplazarlo. Como si esto no alcanzara, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no solo amenaza con poner en revisión 11 mil cargos sino que plantea más de 700 despidos en INTA.
Una vez más, el ajuste presupuestario y la precariedad laboral, impuestas por Menem y sostenida por los Kirchner, son ahora usadas por Macri para despedir trabajadores y, como se advierte en los casos mencionados (hospitales, INTA, educación), para limitar los servicios esenciales para nuestro pueblo.
Universidad: ajuste sobre ajuste
Desde que asumió el Gobierno, Macri, Bullrich y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) aplicaron con entusiasmo el presupuesto heredado de Cristina Kirchner y su ministro Axel Kicillof en las universidades públicas. Los únicos incrementos que existieron fueron los que arrancaron los docentes con un plan de lucha de 22 días que incrementaron el salario en un 35% y por la paritaria no docente que se acercó a ese porcentaje
El presupuesto para las universidades de 79.300 millones de pesos no alcanza siquiera a mantener en valores constantes el presupuesto de CFK y Kicillof, un presupuesto que, por otra parte, ya fuera denunciado por los sindicatos docentes (Conadu Histórica, AGD) una y otra vez como un presupuesto de ajuste.
Si al presupuesto de Kicillof, que era de 55 mil millones de pesos, le aplicamos la inflación 2016 que reconoce el presupuesto de Macri (37,2%) y la prevista para el año 2017 en ese mismo presupuesto (19,4%), el sistema universitario debería percibir más de 89 mil millones de pesos. Es decir, unos 10 mil millones de pesos más de lo que efectivamente está presupuestado para 2017.
De esta política no escapan los 56 rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que hicieron su ofrenda a la “gobernabilidad”: sean reformistas, “federales” o camporistas, solicitaron apenas 85 mil millones de pesos, primero, para poco después pedir 2700 millones de pesos que se sumarían a los míseros 79.300 millones presupuestados. Al igual que la burocracia sindical y los gobernadores provinciales, los rectores amenazaron con una postura de máxima para terminar conformándose con un “bonito” de fin de año.
Un artículo nefasto para congelar la planta docente
Pasando a un análisis más pormenorizado del presupuesto, destacamos el nefasto artículo 12. Este artículo liquida la autonomía universitaria que solo defendemos en la práctica los docentes, los estudiantes y los no docentes combativos. Con este artículo, el Gobierno congela “plantas de personal docentes y no docentes sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en 2017”. Más claro, échele agua. De ahora en más, para garantizar las altas por bajas, las creaciones de carreras o la ampliación de los planteles por el crecimiento de la matrícula, se deberá contar previamente con el visto bueno del ministerio de Educación de la Nación, Bullrich, quien no tiene ni siquiera una escuela rancho a su cargo, pero que pretende digitar en forma personal las plantas docentes, vulnerando no solo la autonomía sino los convenios colectivos de trabajo docente y no docente que es donde debe discutirse y resolverse el punto. Todavía peor, si cabe: establecerá de manera unilateral las relaciones docente-alumno para cada disciplina. Asistimos con esto a un retroceso de más de 100 años, antes de la Reforma del 18, cuando era el presidente de la Nación el que nombraba por decreto a los docentes universitarios.
Este nefasto artículo 12 plantea también que “el citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondo por todo concepto en caso de incumplimiento en el envío de información” requerida por la SPU. Es decir, el ministro Bullrich se convierte en interventor de facto de todas las universidades ya que, si algún Consejo Directivo, Asamblea Universitaria o un simple funcionario se niega u olvida dar un informe, se podrán suspender hasta las remesas salariales a los trabajadores docentes y no docentes, y las becas a los estudiantes.
Sin aumento ni salario para los ad honorem
La SPU afirma que en este presupuesto está garantizado todo el incremento salarial conquistado por los docentes universitarios con el plan de lucha que desplegaron en el primer semestre del año para ser pagado en 2017. Es decir, el 35%.
Pero lo que muestra en realidad este presupuesto es la voluntad política de Macri y Bullrich de dar 0 peso de recomposición salarial de noviembre hasta febrero del próximo año, siendo que el reclamo de la docencia universitaria es la recomposición salarial en orden del 15%, dada la inflación reconocida por el propio ministro Prat Gay. En el presupuesto 2017, tampoco se incluye el incremento de la garantía salarial que debiera ser automático con el incremento del salario mínimo vital y móvil que, de acuerdo con la ley, se ha actualizado en este mes de setiembre y se volverá a actualizar durante el mes de enero. El gobierno intenta incumplir con esta cláusula firmada en la paritaria de mayo por todos los gremios.
Pero todavía peor: el presupuesto 2017 tampoco incorpora un peso para los otros ítems suscriptos en el acta como es el pago de salarios de convenio a los ad honorem y contratados, el pago del adicional a la exclusiva dedicación a la universidad y la gratuidad de los posgrados para los docentes universitarios. Solo considerando el pago de salarios a los ad honorem y solo considerando el número que reconoce el propio Consejo Superior de la UBA –que estima la existencia de 7000 docentes ad honorem-, harían falta 485 millones de pesos más. Ni el ministerio de Educación ni el CIN han tenido alguna cifra en cuenta para ello.
Sin fondos para el CCT ni para becas
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) nacional de los docentes universitarios lleva 15 meses de aprobado y todavía no se ha puesto un centavo para las promociones de los docentes en la carrera docente ni para la designación de suplencias en la aplicación de licencias. Veamos este ejemplo elemental: se han conquistado 180 días de licencia para las compañeras embarazadas. Como las universidades y el Estado no ponen fondos para su financiación, en la práctica lo que sucede es que las suplencias o son denegadas o se cierra la comisión de la docente, llevando más carga de trabajo a sus compañeros de cátedra o departamento.
El ajuste en las becas universitarias es brutal. De 23 mil becas existentes en 2015 para estudiantes con bajos recursos se pasa a solo 14.350, una reducción del 62%. Esto es una cachetada al movimiento estudiantil. Mientras se anuncia que el 32% de la población es pobre, se reducen las becas para cerrarles las puertas de la universidad.
Más grave aún es la desaparición –literalmente- de las becas estudiantiles para las carreras de ingeniería que pasan de 2000 a… 0. Algo que resulta totalmente consistente con la orientación social del Gobierno y el proceso de desindustrialización que comenzó hace más de cinco años.
Tan brutal como el ajuste a las becas estudiantiles es el que se aplica sobre las transferencias de capital que, como dice el presupuesto nacional, “tienen como destino la financiación de la inversión, la inversión pública financiada por el Estado nacional”. O sea, edificios, mejoras de infraestructura, laboratorios, talleres, bibliotecas, informática. En 2016, la partida prevista era de 1471 millones. Para 2017, la cifra es de 440 millones. Una reducción del 70,1% según figura en el texto del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo.
Si hoy nos encontramos con caídas de techos, roturas de baños, ratas en los edificios, falta de bibliografía, pupitres, aulas, microscopios, computadoras… la situación para el año próximo se tornará insostenible. Asistiremos a un derrumbe edilicio.
En el presupuesto aparece un incremento en la partida de Ciencia y Técnica de 125 millones a 500 millones de pesos, y un aumento en el programa de incentivos hasta 198 millones de pesos. Pero este único incremento en un mar de congelamientos y recortes no debería hacernos perder de vista lo central. Sin duda es en las universidades públicas donde se produce la mayoría de la investigación en CyT en todo el país. El presupuesto 2017 de Macri ajusta en el INTA -como manifestamos más arriba- y dispone para el ministerio de Ciencia y Tecnología un incremento de apenas un 13%. Esto significa que, de conjunto, hay un ajuste también en el sistema de CyT.
Esta reflexión es consistente con el incremento de los incentivos. La vigencia de la Ley de Educación Superior (Les), la Coneau, los sistemas de categorizaciones opacos y la arbitraria asignación de subsidios, no garantizaron una mayor cantidad y calidad de las investigaciones al servicio de las mayorías populares y de las comunidades locales. Al contrario, la experiencia de 21 años de vigencia ininterrumpida de la Les y la Coneau, nos dice que esas categorizaciones y subsidios están al servicio de la fragmentación del cuerpo docente y, en muchos casos, son directamente funcionales a las multinacionales sojeras y mineras.
La distribución de los subsidios a la investigación no solo debe ser transparente sino que además se debe dar con la participación del movimiento docente y estudiantil para garantizar que los mismos sean aplicados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industrialización del país, al servicios de los trabajadores y el pueblo.
No podemos dejar pasar la oportunidad de denunciar que, según el presupuesto, la Coneau le cuesta al pueblo argentino 111 millones de pesos al año para cumplir con la tarea sucia de regimentar el sistema universitario, a sus carreras, a sus estudiantes y docentes.
Conclusiones
Creemos haber demostrado la orientación social de este presupuesto de Macri y por qué es necesario rechazarlo en general y en el universitario en particular. Como también quedó demostrado que nuestra impugnación no es corporativa sino que lo hacemos asumiendo el interés general de trabajadores, ocupados, desocupados, activos y jubilados, y al conjunto de los sectores populares.
Sostenemos que el presupuesto debe rehacerse de arriba a abajo. Es necesario partir de las necesidades de los trabajadores en cada lugar del país. Lo hacemos desde la denuncia de toda la deuda externa, ilegítima y usuraria. Lo hacemos planteando que el salario de los trabajadores activos y jubilados debe ser igual a la canasta familiar. Lo hacemos desde la necesidad de un desarrollo industrial autónomo, al servicio de las mayorías populares. Lo hacemos exigiendo la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo a todos los docentes universitarios, como también reclamamos se haga lo respectivo con todos los trabajadores estatales, todos los trabajadores de cooperativas y tercerizados que dependen del presupuesto nacional. Lo hacemos pensando en que es necesaria la inclusión de una partida presupuestaria para instaurar inmediatamente el boleto educativo, nacional , gratuito, para estudiantes, docentes y no docentes, para que se tripliquen la cantidad de becas estudiantiles, para que no falte ningún comedor estudiantil en ninguna unidad académica, para erradicar las escuelas rancho y tener una infraestructura edilicia, de laboratorios y bibliotecas, al servicios de los procesos de enseñanza, investigación y extensión.
Hoy, el salario de los docentes universitarios tiene un desfase de un 70% en relación con la canasta familiar. No se aplica el Convenio de Trabajo. Más de 20 mil docentes no cobran salario por su trabajo. Se reducen las becas y el presupuesto en infraestructura. Sigue vigente la Coneau y la Les menemista para estandarizar los contenidos de enseñanza e investigación según los modelos de los organismos financieros imperialistas.
Estos son datos que surgen de la realidad y del presupuesto. Por eso, vale ratificar un reclamo que ya es histórico del movimiento estudiantil, docente y no docente combativos: triplicación del presupuesto universitario.
* Antonio Rosselló es magister, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales. Actualmente es el secretario adjunto de Conadu Histórica.
16 de noviembre de 2016
En defensa del Hospital Universitario y la Salud Pública
CONADUH y AGD UBA junto a estudiantes, y trabajadores de la salud movilizados en el Ministerio de Educación en defensa del Hospital Universitario y la Salud Pública.
Ver aquí los informes de Ileana Celotto y Antonio Rosselló.
3 de noviembre de 2016
28 de octubre de 2016
11 de octubre de 2016
Pitrola en el Congreso por salario para ad honorem, regularización y estabilidad laboral, convenio colectivo, vigencia del 82% movil para los docentes universitarios
Salario para ad honorem, regularización y estabilidad laboral, convenio colectivo, vigencia del 82% movil para los docentes universitarios; En en marco del plan de lucha por la reapertura de paritarias para los docentes universitarios y un paro general contra el ajuste, reenviamos dos intervenciones del diputado Nacional por la bancada del PO-FIT y dirigente de la CSC, Néstor Pitrola: Frente al ministro Bullrich en el congreso, y en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se aprobó proyecto de AGD UBA y la Comisión No al Cese, por los derechos jubilatorios de los docentes universitarios.
https://www.youtube.com/watch?v=AcxmcVnOVqU
http://agduba.org.ar/importante-logro-para-los-derechos-jubilatorios-de-los-docentes-universitarios/
https://www.youtube.com/watch?v=AcxmcVnOVqU
http://agduba.org.ar/importante-logro-para-los-derechos-jubilatorios-de-los-docentes-universitarios/
10 de octubre de 2016
El gobierno recorta el presupuesto universitario
Por Antonio Roselló (secretario adjunto de Conaduh) y Julián Asiner (presidente de la FUBA)
Publicado en Prensa Obrera. Link aquí a la publicación original
Publicado en Prensa Obrera. Link aquí a la publicación original
Acordado entre el ministro de Educación Esteban Bullrich y los rectores de las universidades, el presupuesto universitario para 2017 continúa el ajuste del kirchnerismo. La lucha de estudiantes y docentes.
Los docentes y estudiantes universitarios estamos llevando adelante un plan de lucha por un incremento de emergencia del presupuesto universitario 2016 y un aumento sustancial del proyectado para 2017.
En este proceso se enmarcan el paro del 24 de agosto, los paros y movilizaciones del 2, 16 y 27 de setiembre y los paros y clases públicas del 4, 13 y 14 de octubre. El 5 de octubre se realizó una reunión en la que Julián Asiner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y Antonio Roselló, secretario adjunto de la federación nacional docente Conaduh, desenvolvimos estos planteos frente al Consejo Interuniversitario Nacional (de la misma reunión participaron también Néstor Pitrola y Pablo López, diputados nacionales del PO-FIT).
Un presupuesto de ajuste
El presupuesto de 2016, aprobado por el gobierno kirchnerista, fue de 55.000 millones de pesos; mientras que el de 2017 es de 79.300 millones.
Si se tienen en cuenta la previsión oficial para la inflación (37,2% para 2016 y 19,4% para 2017), el presupuesto universitario debería ser de 90 mil millones de pesos. Esto es: sobre el presupuesto de ajuste del kirchnerismo, Bullrich propone una nueva reducción de un 12% en términos reales.
El pago de intereses de la deuda pública triplica el presupuesto universitario, mientras que los subsidios a las privatizadas lo superan en un 60%. Queda de manifiesto la orientación social de las políticas gubernamentales, que privilegian a los usureros y las petroleras contra la salud, la educación y las jubilaciones.
Salarios, becas e infraestructura
Para 2017 no se pretende destinar un solo peso para la pauta salarial de los docentes universitarios (algo que sucede desde hace años). Tampoco existe financiamiento para el pago del adicional por exclusiva dedicación, para darle salario a los docentes ad honorem, adscriptos y pasantes, ni para garantizar la gratuidad de los posgrados para los docentes.
En este cuadro, está planteado que los docentes y no docentes universitarios organicemos un plan de lucha nacional, para no perder contra la inflación e iniciar un camino hacia un salario igual a la canasta familiar.
El ajuste se hace sentir también en las becas: 14.350 becas de “bajos recursos”, que alcanzan solo al 0,7% del total de estudiantes. Las FUA y las federaciones estudiantiles deberían iniciar un empadronamiento para que sean satisfechas las necesidades de todos los que quieren estudiar.
Ni en el presupuesto de Educación ni en el de Transporte se pone una línea ni un peso para el boleto educativo, universal y gratuito, para estudiantes, docentes y no docentes, mientras sí se subsidian a las empresas privadas de transporte.
Cotidianamente, la comunidad universitaria padece de la rotura de baños, la falta de gas, cortocircuitos en las instalaciones eléctricas; asistimos, literalmente, al derrumbe edilicio. Sin embargo, los gastos en infraestructura caen 70,1%: de 1471 millones presupuestados para el año en curso, se pasan a solo 440 millones para el 2017. Exigimos en consecuencia que esta partida se multiplique por seis (así lo hace Aranguren con las tarifas a los pequeños comercios), para realizar mejoras y nuevas construcciones.
Superpoderes
Para garantizar el ajuste, el presupuesto establece superpoderes para el ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. El artículo 12 dice textualmente: “El ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos por todo concepto en caso de incumplimiento (por parte de los rectores) en el envío de la información solicitada en tiempo y forma”.
A esta intervención de facto de las universidades públicas por parte del ministerio de Educación, le oponemos la distribución automática de los fondos presupuestarios bajo la supervisión de las federaciones docentes, estudiantiles y no docentes; para su correcta aplicación, proponemos terminar de una vez con la discrecionalidad del manejo de los fondos y con la subejecución del presupuesto.
El artículo establece también la prohibición del “alta por baja”; es decir que, frente a la jubilación, renuncia o fallecimiento de un compañero, el cargo no se repondrá hasta que lo autorice el ministro Bullrich. Se trata de un retroceso de 100 años en la historia, volviendo a la designación de los docentes universitarios por decreto del Poder Ejecutivo.
A luchar
Llamamos a todos los docentes, estudiantes y no docentes a deliberar en cada lugar de trabajo y rechazar este presupuesto, apoyando toda medida de acción contra el mismo, como el plan de lucha de la Conaduh.
Sumemos a la población a esta lucha, para llevar nuestros reclamos -como lo hicimos el 12 de mayo y el 16 de septiembre- al poder político.
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